Dialogan legisladores con asociaciones proaborto.
Foto: Expansión
En reunión de las Comisiones Unidas de Justicia y Salud Pública, las diputadas y los diputados dialogaron con asociaciones proaborto para escuchar sus opiniones sobre las iniciativas en estudio en materia de interrupción del embarazo.
La primera en hacer uso de la voz fue Jimena Soria, de la asociación GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida AC) habló sobre el marco normativo. Por un lado, mencionó la regulación que se establece en el Código Penal y las causales de no punibilidad del aborto. Dijo que Guanajuato se colocaba con el menor número de causales y era el quinto estado con la peor regulación en el país.
Agregó que de avanzar las iniciativas se permitiría que los derechos de las mujeres se garantizaran. También apuntó que el derecho a la vida debía transitar por la protección de la vida de la mujer y de la mujer embarazada.
Precisó que lo que plantean las iniciativas era muy importante porque permitirían que el acceso al aborto fuera una realidad y se aumentaban las causales para realizarlo; y dijo que, de abril a octubre de 2019, 400 mujeres de Guanajuato se practicaron un aborto en la Ciudad de México.
Jimena Soria subrayó que una ley que despenalizaba el aborto no obligaba a las mujeres a abortar, pero una que castigaba si afecta su vida y violentaba sus derechos. Manifestó que de aprobarse las iniciativas se tendría un avance en los derechos de las mujeres.
Por su parte, Paulina Urbieta Ramírez del Colectivo Verde Aquelarre recordó la importancia de escuchar a los colectivos feministas, ejemplificó con el caso de la Ciudad de México y Oaxaca donde mencionó que el derecho a la interrupción del embarazo era legal, gracias a la participación de muchos colectivos y legisladores y legisladoras que se comprometieron con su agenda.
Asimismo, manifestó que lo que las opciones de las mujeres para abortan se dividían muchas veces por la zona geográfica o los recursos con lo que contaban. Argumentó que el número de mujeres guanajuatenses que se habían practicado un aborto en la Ciudad de México era mayor, y que las mujeres abortaban independientemente de su legalidad.
Urbieta Ramírez enfatizó que si se permitía el aborto se estaría cuidado la vida de las mujeres y que debían tener presente que el Código Penal local era de los más rígidos y las mujeres eran castigadas por decidir sobre su propio cuerpo.
También señaló que, si estaban a favor de garantizar la vida, debían garantizar otras demandas de las mujeres, que se debían enfocar en otros aspectos más preocupantes como los índices delictivos altos, entre ellos los feminicidios, y no encarcelar a mujeres por el simple hecho de abortar.
Hizo una invitación para que a la hora de votar lo hicieran con base en el respeto a los derechos humanos y no por los costos políticos que pudieran tener, para así evitar que muchas mujeres murieran.
Finalmente, enfatizó que los abortos clandestinos era una realidad que ninguna de las personas presentes se imaginaba porque contaban con los medios para hacerlo de manera segura, y que, de aprobarse en Guanajuato, un estado tan conservador, abriría las puertas a otros estados para que fuera una realidad nacional.
En su intervención, Mónica Miguel Muñoz de la Red de Movimientos Feministas de Guanajuato capital, externó que esperaba que se tuviera una escucha directa y objetiva, sin sesgos personales. Agregó que el derecho humano debía reconocerse en tres niveles desde el reconocimiento en la ley hasta la generación de instituciones que puedan asegurar su ejercicio y la educación a la población.
Después de hacer mención de diversas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia en la materia, indicó que las propuestas en análisis debían tener un tratamiento de convencionalidad y constitucionalidad que permita que la legislación local garantice los derechos de los que gozaban las mujeres y pidió que se hiciera con una visión de perspectiva de género que permitiera poner los derechos humanos de las mujeres como una prioridad de esta Legislatura, porque de no hacerlo se estarían legislando sin estándares mínimos de derechos humanos y atropello al cuerpo de las mujeres.
En su participación, Sandra Pérez Ibarra de Círculo de Mujeres de Guanajuato apuntó que partían de la realidad inmediata de ser mujeres y estudiantes, por lo que no podían ignorar la realidad inmediata de ser mujeres y estudiantes, así como la problemática que envolvía sus vidas al no poder acceder de forma justa a sus derechos.
Habló de la situación de las mujeres estudiantes que eran obligadas a llevar un embarazo y maternidad no deseada y que tenían que interrumpir sus estudios, y de otras que debían apoyarse en prácticas clandestinas poco seguras. También destacó que faltaba educación sexual integral sin que fuera marcada por tabúes religiosos y morales.
Afirmó que las maternidades forzadas representaban la violación a los derechos por los que las mujeres han luchado y que maternidad debía ser deseada o no ser, y el Estado debía procurarlo. Finalmente, reprobó las imposiciones y la criminalización; así como las posturas que continuaban invisibilizando el aborto y sancionándolo.
En su intervención, Verónica Cruz Sánchez de Centro Las Libres habló sobre la realidad del aborto en la entidad. En primer lugar, hizo referencia a la criminalización y señaló que del 2000 al 2010 había 138 casos de mujeres que habían sido criminalizadas por el delito de aborto en la entidad; y que ahora, en Guanajuato, no había mujeres criminalizadas por ese delito, ya que habían trabajado de cerca con las mujeres y el Poder Judicial para entender dicha problemática; además de estar trabajando con el sector salud.
Cruz Sánchez fue enfática en que se debía eliminar el tipo penal de aborto, el cual dijo no debía existir porque era desproporcional y lo enfrentaban más las mujeres pobres y marginadas.
En cuanto al acceso al aborto legal por la causal salud, precisó que ya se contaba con la NOM046 y la Ley General de Víctimas, por lo que no se necesita legislar al respecto, ya que se tenía un marco legal amplio, pero lo que se requería era que el Ejecutivo estatal llevara a cabo una gran campaña para que las mujeres y las niñas conozcan su derechos de acceder al aborto legal en todo el país y que los prestadores de salud sepan que están obligados a garantizar ese derecho.
Asimismo, celebró que se estuviera hablando y discutiendo la posibilidad de que se legalice el aborto hasta las doce semanas y despenalizarlo. Finalmente, se pronunció porque como sociedad y como Legislativo tuvieran el espíritu de discutir en serio las posibilidades reales y construir un gran consenso social para que se amplíe la causal salud.
En su participación, Mayela Torres de Red Define Mx indicó que en México el aborto era la cuarta causa de muerte materna en México y que Guanajuato tenía una de las leyes más restrictivas en el tema y, sin embargo, no evitaba que el aborto se produjera, sino que orillaba a las mujeres a la clandestinidad.
Recordó que el Estado Mexicano garantizaba el derecho a la libertad reproductiva y el aborto era justicia social. Apuntó que era necesario plantearlo desde una perspectiva económica y afirmó que el despenalizarlo no obligaba a nadie a abortar, sino que daba libertades y acceso a que las mujeres contaran con los servicios y pudieran asistir cuando lo necesitaran y desearan sin arriesgar su salud en abortos inseguros, respetando su autonomía y derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
Sofia Garduño de Fondo María indicó que el aborto era una experiencia común y que era importante porque se estaba haciendo visible el tema. Dijo que las que abortaban eran mujeres que formaban parte de familias y comunidades reales, y se debía reaccionar desde la empatía, la compresión y el respeto absoluto.
Fue enfática en que las mujeres antes de buscar ayuda para abortar han hecho un proceso de reflexión a profundidad sobre el tema y que la que conocía mejor sus circunstancias, posibilidades, deseos y proyecto de vida eran ellas mismas.
Precisó que mantenerlo en los Códigos Penales no beneficiaba a nadie y violaba los derechos de niñas, adolescentes y mujeres, teniendo un impacto mayor en mujeres vulnerables y sin recursos económicos, lo que iba en contra de una sociedad igualitaria. Finalmente, subrayó que esperaba que votaran por la libertad y la confianza a decidir de cada una y no con rechazo absoluto a los derechos de las mujeres.
Por su parte, Leslie Nayeli Segura de Movimiento Feminista Irapuato y Resistencia Radical Irapuato precisó que cuando el Estado y la sociedad obligaba a las mujeres a maternar se les condenaba a ambos a una vida de limitaciones.
Subrayó que de modificarse la ley se impactará de forma positiva en la vida de miles de mujeres y en generaciones con mejores condiciones de vida, lo que se reflejará en una sociedad más consciente y preparada, reduciendo el número de abortos clandestinos y violencia.
También manifestó que los hospitales deben fortalecer la atención brindando información objetiva y respetuosa sobre educación sexual y métodos anticonceptivos; y exhortó a las y los legisladores a tomar una postura por el bien común de las mujeres del estado sin estigmas religiosos o morales.
En su participación, Cinthya Alvarado señaló que no dejar a las mujeres decidir seguía siendo una deuda histórica del estado y que dentro de los derechos sexuales estaba el derecho a decidir sobre su reproducción.
Afirmó que los marcos legales buscaban controlar las decisiones de las mujeres, a través de la acción penal, y que despenalizarlo no incrementará la cantidad de abortos, pero sí de salvará la vida de muchas mujeres, y pidió que salvaran con su voto la deuda que tenían con la democracia y contribuyeran a reducir la desigualdad estructural entre las mujeres y fomentar una vida más digna.
En su intervención, Beatriz Gasca Acevedo apuntó que los ciudadanos guanajuatenses debían tener opciones sin que eso pusiera en riesgo su integridad física, lo que era mejor conocido como libre albedrío. Señaló que las legisladoras tenían una oportunidad única y las invitó a usar el poder que hoy tenían y ser objetivas y sin caer en tentaciones políticas.
Se pronunció por dejar de criminalizar a las mujeres y se les deje de imponer un rol contra su derecho, que no habrá fila de mujeres para abortar porque ninguna se embaraza para abortar, y que una mujer que decidía abortar merecía los mismos cuidados que una que decidía parir.
Argumentó que el debate no era aborto sí o no, sino aborto legal y libre, porque el derecho a elegir y la libertad no obligaba a nadie a abortar.
En su participación, Pascal Brenan del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir señaló que se debía hacer un esfuerzo para garantizar el pleno derecho de las mujeres en el país y que puedan vivir una vida con dignidad y autonomía a decidir sobre sus cuerpos.
Julián Cruzalta de Católicas por el Derecho Libre a Decidir señaló que la ética pública debía encontrar las mejores oportunidades de explorar a las personas y lo que creían, y que como legisladoras y legisladores no eran responsables de las decisiones de los ciudadanos porque era un asunto de salud pública.
Indicó que los valores de la ética pública eran las libertades, que las veces que alguien se reproduce no era decisión del Estado, y se debían respetar todos los derechos y las visiones. Mencionó que en Europa la despenalización del aborto tenía más de 20 años y que no significaba obligar a alguien a hacerlo.
Cruzalta apeló a que la Legislatura garantizara, en este mundo democrático, el valor de lo plural y lo diverso, ya que el Estado estaba obligado a garantizar derechos y libertades y, dijo, los derechos no estaban sujetos a votación.
El diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo señaló que la metodología utilizada había sido restrictiva y dio lectura a una misiva remitida por varias mujeres de la que mencionó, entre otras cosas, que criminalizar el aborto era discriminatorio porque afectaba los derechos reproductivos de las mujeres; que legalizarlo amortiguaba las desigualdades en la crianza que normalmente era atribuido a las mujeres; que con leyes restrictivas se realizaban la misma cantidad de abortos; que la planificación familiar era un asunto de derechos humanos; que las niñas, adolescentes y mueres guanajuatenses debían ser protegidas por el Estado; que la interrupción legal del embarazo no atentaba contra la vida; y que el aborto no era un tema moral sino de derechos humanos.
Por su parte, la congresista María Magdalena Rosales Cruz reiteró que ellos habían solicitado que se pospusiera la reunión pero que se había impuesto la mayoría para que fuera a través de medios virtuales. Que su iniciativa planteaba respetar un derecho humano, el de decidir sobre su propio cuerpo, el cual tenía que estar plasmado en la Constitución y las leyes, y recordó que como legisladores y legisladoras legislaban para todos y no para las conciencias.
Finalmente, el legislador Isidoro Bazaldúa Lugo agradeció la participación y el interés externado en el tema. Mencionó que su iniciativa fue presentada en octubre de 2018 y recordó los objetivos de su propuesta legal de los que, dijo, se busca reconocer el derecho de la mujer a decidir si tiene o no a un hijo y que el Estado les debe reconocer los derechos de los que ya gozan.
Concluyó que el Estado había sido rebasado jurídicamente y que los derechos reproductivos de las mujeres debían ser reconocidos, y que tarde o temprano se aprobarán, por lo que invitó a las mujeres a no dejar de luchar.
En los trabajos de las Comisiones Unidas estuvieron presentes las diputadas Laura Cristina Márquez Alcalá -presidenta de las Comisiones Unidas-, Vanessa Sánchez Cordero, Alejandra Gutiérrez Campos, Jéssica Cabal Ceballos, Katya Cristina Soto Escamilla y Emma Tovar Tapia; así como los diputados Raúl Humberto Márquez Albo, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, Jaime Hernández Centeno y Luis Antonio Magdaleno Gordillo.
También se contó con la presencia de las congresistas María Magdalena Rosales Cruz y Lorena del Carmen Alfaro García; así como los legisladores Isidoro Bazaldúa Lugo e Israel Cabrera Barrón.
