En tan solo los cuatro meses de pandemia se ha reportado la desaparición de mil 342 personas en todo el país.
Así lo declaró la activista de Amnistía Internacional (AI), María de los Dolores Soto.
La activista refirió que de 1964 a la fecha se tiene un registro de 177 mil 800 desapariciones en México, mientras que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) sólo reconoció 73 mil 249 personas desaparecidas o no localizadas en dicho periodo de tiempo, de las cuales 75% tienen entre 15 y 30 años, “lo que significa que la juventud mexicana está desapareciendo”.
En el marco del ciclo de actividades virtuales denominado “Cultura de los derechos humanos: retos y perspectivas”, realizado por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Soto destacó que la pandemia de covid-19 ha incrementado la crisis que viven las familias de las personas desaparecidas, pues éstas se encuentran invisibilizadas.
Además, la desaparición de una persona conlleva una disminución de los ingresos familiares, porque invierten su dinero en la búsqueda, y en la mayoría de los casos –abundó– los desaparecidos contribuían con la economía, lo que repercute en la salud y alimentación, entre otros derechos.
En el tercer conversatorio “Grupos en situación de vulnerabilidad frente a la covid-19”, la antropóloga Noemí Domínguez Gaspar; la coordinadora del Programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de Documenta, Sofía González Talamantes, y la activista de AI, María de los Dolores Soto, coincidieron en que la crisis sanitaria evidenció las desigualdades estructurales históricas que padecen los grupos en situación de vulnerabilidad en México.
Domínguez Gaspar recalcó que existe una deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas de México y particularmente de Oaxaca, pues no hay suficiente cobertura para atender el cumplimiento de los derechos colectivos, así como el reconocimiento del pueblo afro-mexicano.
Tras señalar que las comunidades desplazadas se encuentran en doble situación de vulnerabilidad en el marco de la pandemia, indicó que no es suficiente la traducción de mensajes preventivos en lenguas indígenas para hacer frente al reto que implica el covid-19, puesto que se requiere atender otras problemáticas, como la falta de servicios médicos y la autosuficiencia alimentaria, lo que proyecta un panorama complicado.
En tanto, la coordinadora del Programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de Documenta, Sofía González Talamantes, puntualizó que la contingencia sanitaria evidenció la crisis en los Centros de Reinserción Social (Cereso), pues uno de los grandes problemas es el hacinamiento, dado que las celdas creadas para cuatro personas son dormitorio de hasta 30 personas.
“La sana distancia para prevenir contagios en los Ceresos es imposible”, sostuvo, y recalcó que desde el comienzo de la pandemia Documenta AC advirtió que si no se tomaban las medidas adecuadas para evitar contagios, esta situación generaría efectos graves.
La única fuente oficial que ofrece datos de contagios al interior de los Centros, agregó, es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El pasado martes 18, ese organismo informó que se tenía un registro de 2 mil 139 casos confirmados de coronavirus y 109 fallecimientos en distintos Ceresos, siendo la Ciudad de México, Puebla, Chihuahua y Jalisco las entidades con el mayor número de casos.
Sin embargo, alertó que la cifra real de decesos podría ser mucho mayor, pues hay centros penitenciarios que no aportan la información completa.
De acuerdo con González Talamantes, es responsabilidad del Estado Mexicano garantizar que las personas privadas de su libertad vivan en condiciones adecuadas en las prisiones.
Finalmente, las participantes –moderadas por el coordinador de Vinculación y Proyectos Estratégicos de la DDHPO, Alejandro Sandoval Torres– reiteraron que es fundamental que el Estado atienda en lo particular las problemáticas derivadas de la pandemia en los grupos en situación de vulnerabilidad.
Información de Proceso
