En el Congreso local se aprobaron reformas a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato para sancionar el uso irresponsable del Servicio de Emergencias 9-1-1.
Con estas modificaciones se establece que se sancionará con multa a quien, a través de teléfono fijo o celular, realice solicitudes de auxilio y reportes falsos al servicio de llamadas de emergencia, si por la conducta se distraen o movilizan las autoridades de la seguridad o los servicios de emergencia, además de la multa, responderá por los daños y perjuicios ocasionados.
En caso de reincidencia se aplicará el arresto administrativo de veinte a treinta y seis horas.
Asimismo, se precisa que si la llamada la realiza un menor, quienes ejerzan la patria potestad, los tutores o quienes los tengan bajo su cuidado, deberán responder por los daños y perjuicios ocasionados.
Finalmente, se establece que el Estado y los municipios deberán realizar campañas y medidas sobre el uso correcto del Servicio de Emergencias 9-1-1, así como establecer en sus reglamentos las sanciones.
Al hablar a favor del dictamen, el diputado Miguel Ángel Salim Alle señaló que el 9-1-1 podía salvar vidas y que era una realidad que un minuto podía ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona.
Apuntó que el número de emergencias 9-1-1 se ha constituido como el medio de salvación de un incontable número de personas desde su creación y que, gracias a ese servicio, se pueden realizar diversas atenciones e intervenciones en favor del bienestar de la población.
El congresista indicó que Guanajuato ocupaba el tercer lugar nacional en llamadas de broma y que en León el 63% de las llamadas no habían sido procedentes.
Salim Alle enfatizó en que el 9-1-1- no sólo se utilizaba para los casos de accidentes o de emergencias médicas sino que atendía una diversidad de temas que se consideraban de emergencia como los que se refieren a todo tipo de violencia contra la mujer; abuso sexual; acoso u hostigamiento sexual; violación; violencia de pareja y violencia familiar.
“Desde que analizamos el tema de las llamadas falsas o de broma al 9-1-1, consideramos cada una de estas llamadas tiene como consecuencia, en el peor de los casos, la puesta en acción de un equipo especializado y se utilizan recursos humanos y materiales que otra persona más podría estar necesitando, por lo que es necesario tomar acciones legislativas a fin de evitar el mal uso de este servicio y el correspondiente desperdicio de recursos y lo más importante, la posibilidad de que la falta de atención de una llamada verdadera, traiga como consecuencia la muerte de una persona”, concluyó el legislador.
El legislador mencionó que otros estados ya habían modificado sus legislaciones como Sinaloa, Sonora, Querétaro, Tabasco, Puebla, Chihuahua y Durango; y que con esta reforma Guanajuato estaba dando un paso adelante.
Finalmente, subrayó que era tiempo de hacer equipo y dar resultados, y que el dictamen era muestra de que los legisladores de Guanajuato trabajaban con determinación en los temas que importan a la ciudadanía.
