El legislador salmantino Ernesto Alejandro Prieto Gallardo del partido MORENA exhortó al Fiscal General del Estado para que renuncie a su cargo de manera inmediata. El promovente solicitó el trámite de obvia resolución, el cual fue aprobado por unanimidad de votos. Al votarse la propuesta no se aprobó y se acordó el archivo definitivo de la misma.
Esta solicitud la realizó con base a los nulos resultados en ´procuración de justicia, por parcialidad e ineficiencia; especialmente por el caso del homicidio de Juan Carlos Padilla Aranda a manos de policías ministeriales de su dependencia, en Celaya.
Por otra parte, solicita al Fiscal General de la República ejerza su facultad de atracción y realice todas las investigaciones y diligencias posibles para la integración de la carpeta de investigación formada con motivo de la privación de la vida del citado ciudadano.
Prieto Gallardo consideró que la FGE cuenta con normas que regulan el funcionamiento de la organización para así hacer justicia, no obstante, estas normas fueron ignoradas y violentadas por algunos elementos y por su titular.
Por otra parte, el diputado morenista también señaló que se han contabilizado cientos de denuncias contra los elementos de la Fiscalía por atentar en contra de los Derechos Humanos de víctimas.
“Las denuncias abarcan hechos como tortura, lesiones, homicidio, arresto arbitrario, extorsión, violación al derecho de petición, ejercicio indebido de la función pública e irregularidades en las investigaciones”, manifestó Prieto Gallardo.
Además habló sobre datos duros externando que se han podido acreditar más de 470 violaciones a los derechos humanos por personal de la Fiscalía, lo que ha resultado en más de 720 recomendaciones, las cuales, tristemente quedaban en llamadas de atención y sanciones poco ejemplares que no han podido erradicar esas conductas.
En defensa del fiscal habló el panista Miguel Ángel Salim Alle quien aseveró que no compartían la idea planteada en el punto de acuerdo de que el Fiscal General del Estado renunciara al cargo por un exhorto, ya que, tanto en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se detallaba el procedimiento para la remoción del titular de dicho organismo autónomo.
En tanto, la legisladora María Magdalena Rosales Cruz apuntó que el Congreso local tenía la obligación de cuidar que la ley se cumpliera en todo el territorio. Señaló que la persona fue golpeada y que el motín del que hablaban eran dos mujeres y una menor que pedían lo dejaran de atacar.
Enfatizó que la población tenía miedo y que el pueblo de Guanajuato estaba harto, porque no era posible que siguieran votando para proteger este tipo de actos.
