Con el objetivo de aumentar los rangos de punibilidad en el delito de extorsión, el Pleno del Congreso aprobó reformas al Código Penal del Estado de Guanajuato.
Las modificaciones establecen como delito grave la extorsión; y aumenta la sanción de cuatro a quince años de prisión y de cuarenta a ciento cincuenta días multa, a quien obtenga un provecho indebido para sí o para otro obligando a otra persona por medio de la violencia a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo en su perjuicio o en el de tercero.
Asimismo, contempla aumentos en la sanción del delito de una mitad del mínimo a una mitad del máximo, en caso de que se incurra en alguno de los siguientes supuestos: se cometa por dos o más personas; el sujeto activo se ostente como miembro de un grupo delictivo, independientemente de la existencia o no del mismo; el sujeto activo se encuentre recluido en un centro de prevención o de reinserción social, solicite un beneficio por concepto de cobro de cuotas de cualquier índole, haya sido o se ostente como servidor público y haya utilizado los medios o circunstancias derivadas por el ejercicio de sus funciones, para la comisión del delito; se utilice arma de fuego; entre otros.
Al hablar como autora del dictamen, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá explicó que las modificaciones buscan renovar el marco local a fin de incluir en la tipificación del delito de extorsión sanciones mayormente contundentes, así como supuestos agravantes para las distintas modalidades de dicho tipo de conducta delictiva, lo cual dijo, abona a la confección de una estrategia de corte político criminal de combate a dicho delito desde todas sus aristas, con una perspectiva integral, brindando así mayor certeza y seguridad a la ciudadanía.
“Como representantes populares de las y los guanajuatenses y en cumplimiento al compromiso adquirido con nuestros representados, es un deber generar acciones contundentes que coadyuven a fortalecer el combate, investigación y sanción de tales acciones contrarias a derecho, potencializando con ello las funciones de procuración e impartición de justicia en contra de conductas que afectan gravemente a las personas, de manera directa su patrimonio y paralelamente su estabilidad emocional, su salud, integridad física y libertad”, comentó.
Mencionó que el delito de extorsión, en sus distintas formas, conlleva conductas antijurídicas, en las que participa la delincuencia y cuyo proceso consiste, principalmente, en la utilización de la violencia para intimidar a las víctimas, como por ejemplo, ejerciendo agresiones verbales, o amenazas a su persona y familia.
“Agradezco a mis compañeras y compañero de Comisión el trabajo en el análisis y consenso, así como a los representantes de las instancias que nos acompañan y enriquecen con sus aportaciones para llegar a este dictamen”, agregó.
