Diputados guanajuatenses analizaron la iniciativa que propone reformar el Código Penal del Estado de Guanajuato para que la extorsión sea considerada dentro de los delitos contra la libertad y la seguridad de las personas.
Con la propuesta se plantea modificar la actual redacción del tipo penal básico de extorsión. Además, se propone especificar en una de las actuales agravantes de la extorsión, la portación de arma de fuego y aumentar de una mitad del mínimo a una mitad del máximo la pena del básico.
La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá manifestó que la extorsión siembra inseguridad y hace que las víctimas no se encuentren en disposición de denunciar, por lo que provoca que ese delito se extienda más. Afirmó que en enero de 2022 se incrementó en más de un 500% y, por lo tanto, obligaba a dotar de mejores herramientas jurídicas en beneficio de quienes sean víctimas de ese delito.
El magistrado Daniel Chowell se pronunció a favor de la propuesta, solo realizó algunas sugerencias en la redacción de la misma; mientras que Bernardina Elizabeth Durán Isaís, directora jurídica de la Fiscalía, coincidió en el carácter multiofensivo de la extorsión y con la propuesta de modificación penal en discusión.
Por su parte, José de Jesús Quezada Torres, fiscal especializado en delitos de alto impacto de la Fiscalía General del Estado, habló de la necesidad de realizar esta modificación y las dificultades para su persecución, ante la negativa de la población de denunciar.
La diputada Susana Bermúdez Cano coincidió con los argumentos y solicitó que quedaran asentadas las observaciones por parte del Supremo Tribunal en cuanto a la redacción. Asimismo, apuntó que era una medida razonable y que como política criminal se requerían estas y otras medidas. Agregó que reconocían que el delito de extorsión era multiofensivo y por ello, eran necesarias este tipo de propuestas.
En su intervención, el congresista Gustavo Adolfo Alfaro Reyes señaló que no solamente se iba a poder combatir la extorsión cambiando el tipo penal de capítulo en el Código, que no había razón jurídica para romper la armonía normativa, sino que se requería la eficacia en su investigación. Asimismo, subrayó que el que no se denunciara no era razón suficiente para la modificación, por lo que estaba en contra de la propuesta.
La representante de la Fiscalía expresó que la extorsión no únicamente afectaba el patrimonio, sino que iba mucho más allá, por lo que era válida la modificación normativa; mientras que el congresista Bricio Balderas Álvarez propuso se clarificara lo que era un arma remitiendo el texto a la última fracción del artículo 194
Finalmente, la congresista Laura Cristina Márquez Alcalá manifestó que en términos generales había coincidencia con la propuesta e hizo un recuento de los comentarios emitidos, para, posteriormente instruir la elaboración del dictamen en sentido positivo.
