Desde las primeras horas del 21 de agosto de 2024, plenos regionales, tribunales colegiados de circuito y de apelación, juzgados de distrito y tribunales laborales federales suspendieron sus actividades, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Esta suspensión se produce tras una declaratoria emitida por la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, en respuesta a las imperfecciones que, a su juicio, presenta el proceso de reforma judicial en curso. La suspensión permanecerá vigente hasta que los legisladores de la Cámara de Diputados detengan el proceso de reforma.

Asimismo, exigen que se convoque de inmediato una mesa de diálogo con el Congreso de la Unión para negociar cambios en la reforma judicial.

Durante este periodo, no se tramitarán asuntos jurisdiccionales; no habrá audiencias, diligencias ni actos procesales, y no se dará respuesta a demandas, promociones, oficios o escritos, salvo en casos de especial relevancia que requieran atención urgente.

Entre los casos urgentes se incluyen aquellos relacionados con los Centros de Justicia Penal Federal, la calificación de detenciones y vinculaciones a proceso; en los Juzgados de Distrito, los asuntos que pongan en riesgo la vida o integridad de los ciudadanos; y en los Tribunales Laborales Federales, los procedimientos relacionados con huelgas.

La JUFED (Junta de la Federación) indicó que la actual legislatura no ha mostrado voluntad para atender las críticas de la sociedad civil y la judicatura respecto a la reforma propuesta el 5 de febrero de 2024.

Según la Asociación de Magistrados, la iniciativa es «extremadamente contraria a los principios que rigen una república democrática, representativa y federal, tales como la división de poderes, la tutela judicial efectiva de la ciudadanía y, especialmente, la independencia judicial.»

Ante esta situación, los jueces y magistrados han convocado a una mesa de diálogo con los grupos parlamentarios del Congreso y la jueza de distrito, con el objetivo de acordar los pasos a seguir en defensa de la independencia judicial.
Fotografía: Fernanda Rojas.