ASEG descubre anomalías en administración del priista Oswaldo Ponce Granados

Romita, Guanajuato. El gobierno municipal de Romita, bajo la gestión del priista Oswaldo Ponce Granados, destinó 4.4 millones de pesos a la compra de materiales de oficina que nunca llegaron a su destino. Así lo reveló la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) tras analizar la cuenta pública del 2023, destapando irregularidades graves que podrían configurarse como fraude.

LA RED DE PROVEEDORES

El dinero fue asignado a las empresas Accounting Consultancy, Tax and Business Strategy S.A. de C.V., que recibió 3.7 millones de pesos, y Juan José Caudillo Rocha, quien facturó 681 mil pesos. La ASEG detectó vínculos familiares directos entre los socios de ambas compañías, evidenciando que se trataba de un esquema conjunto.

Sorprendentemente, la primera empresa cambió su giro al inicio de 2023, pasando de ofrecer servicios de consultoría y auditoría a ser “proveedora de papelería”. Sin embargo, ninguno de los materiales supuestamente adquiridos fue entregado al municipio.

PRUEBAS “FABRICADAS”

Durante la auditoría, la Tesorería de Romita intentó justificar los pagos con fotografías que, según la ASEG, eran tomadas de internet. Ni el gobierno local ni los proveedores lograron presentar evidencia que demostrara la entrega de los materiales.

“El tesorero municipal únicamente presentó fotos que resultaron ser imágenes extraídas de sitios web, y no pruebas reales de una entrega efectiva”, destacó la ASEG en su informe.

PROCESO DE COMPRA ILEGAL

Más allá del desfalco, las irregularidades también incluyeron violaciones a la Ley de Contrataciones Públicas de Guanajuato. Las adquisiciones debieron realizarse mediante un proceso competitivo con al menos tres cotizaciones. Sin embargo, todo se manejó de manera directa y sin estudios de mercado.

La ASEG analizó un contrato específico por 1.3 millones de pesos, donde quedó claro que el Comité de Adquisiciones del municipio fue ignorado deliberadamente.

SIN RASTRO DE LOS MATERIALES

Los auditores concluyeron que no existe ningún registro de ingreso de los productos al almacén municipal ni evidencia de que hayan sido entregados a los usuarios finales. Los proveedores, por su parte, sólo se limitaron a afirmar que “sí entregaron” sin aportar documentación que lo respalde.

Este caso pone nuevamente en el ojo del huracán a la administración de Oswaldo Ponce Granados, que enfrenta el desafío de justificar uno de los escándalos más graves en su gestión. La ASEG no descartó iniciar procedimientos legales por daño al erario público, mientras que los habitantes de Romita exigen respuestas claras y responsables ante este evidente acto de corrupción.