En un operativo conjunto, fuerzas estatales y federales lograron el aseguramiento de más de 80 mil litros de hidrocarburo presuntamente robado en la comunidad de Mexicanos, en el municipio de Villagrán, Guanajuato. Este hallazgo representa un nuevo golpe contra el robo de combustible en la región, sumando un total de 132 mil litros confiscados en menos de un mes, además de la detección de una toma clandestina.

El robo de hidrocarburos, conocido como huachicol, no solo afecta la economía del país, sino que también representa un peligro para las comunidades, ya que el almacenamiento ilegal de combustible puede provocar incendios y explosiones con consecuencias fatales.

El despliegue de seguridad incluyó a elementos de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Durante patrullajes en la zona, las autoridades detectaron un fuerte olor a combustible, lo que las llevó a inspeccionar el área a pie. En la revisión encontraron una manguera de alta presión, lo que levantó sospechas sobre una posible extracción ilegal de hidrocarburo. Con base en la legislación vigente, que permite el ingreso a inmuebles sin orden judicial en casos de flagrancia, los agentes accedieron al predio.

En el lugar hallaron contenedores enterrados con combustible de origen ilícito. En total, aseguraron nueve contenedores de 10 mil litros cada uno, llenos en un 90% de su capacidad.

El sitio fue resguardado y el combustible quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que continuará con la investigación.

Este aseguramiento ocurre poco después de otro golpe al huachicol en la misma comunidad. El pasado 14 de febrero, las autoridades localizaron una toma clandestina cerca del Parque Agro Tecnológico Xonotli, además de incautar 52 mil litros de hidrocarburo robado.

El robo de combustible es un delito grave en México, con penas de hasta 30 años de prisión según la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Además del impacto económico, este delito pone en riesgo a la población, ya que el almacenamiento clandestino de combustible aumenta la posibilidad de explosiones, incendios y contaminación ambiental.