En Salamanca, los usuarios del transporte público enfrentan un nuevo golpe a sus bolsillos, el aumento del pasaje se aplicó de manera sorpresiva, sin previo aviso oficial y sin mejoras en las condiciones de las unidades, que siguen siendo insuficientes, viejas y en mal estado.

Mientras tanto, autoridades municipales y concesionarios se deslindan de responsabilidades. El alcalde César Prieto aseguró que el Ayuntamiento “no aprobó el incremento”, pues la decisión corresponde a la Comisión Mixta Tarifaria y que apenas se realizará el análisis.

«Nosotros no aprobamos eso, como saben es un proceso de una comisión tarifaria mixta donde ya la iniciamos, ya se instaló, estamos trabajando en ella. El miércoles justamenter tenemos una nueva reunión con las compañeras y compañeros del transporte, precisamente para checar eso, para ver qué está pasando porque se tienen que hacer un par de estudios previamente para poder autorizar una tarifa», comentó César Prieto.

Sin embargo, el aumento ya se está aplicando en las calles. Ciudadanos reportaron que choferes comenzaron a cobrar dos pesos más de manera arbitraria, sin que exista claridad legal sobre el ajuste.

«Yo subí ahorita a la ruta 6 y no sabía que había subido el pasaje y me dijo el chofer ‘le faltan dos pesos’ y a todos los pasajeros nos decía lo mismo», comentó usuaria inconforme.

El propio alcalde reconoció la presión de los concesionarios, pero insistió en que se debe “aplicar la norma”, sin detallar cómo se sancionará a quienes ya cobran de más.

«Se aplica la norma, vamos a revisar quienes son y que los señalen para nosotros hacer la parte que nos corresponde como autoridad», mencionó.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento tampoco ofreció certezas. Al ser cuestionado sobre las posibles multas, se limitó a señalar:

«Vamos a checar el reglamento porque como dice, no vamos a estar aquí viendo amenazas, no vamos a estar viendo qué es lo que va a pasar», resaltó.

Mientras las autoridades prometen mesas de trabajo y revisiones al reglamento, los usuarios siguen pagando un servicio caro, deficiente y sin garantías de seguridad ni calidad.

En este contexto, la falta de coordinación entre gobierno municipal y concesionarios deja en evidencia que, una vez más, los ciudadanos terminan siendo los más afectados por la opacidad y el desorden en el sistema de transporte público de Salamanca.