Aunque en entrevista con el Periódico Correo el director de Movilidad de Salamanca, Tadeo Emmanuel Gómez Pastrano, aseguró que la situación con las caravanas de motociclistas “ya ha mejorado” en la ciudad, la realidad que perciben los ciudadanos es muy distinta. El problema sigue sin resolverse y cada semana se repite el mismo escenario.
De acuerdo con reportes ciudadanos, cada domingo por la tarde y noche continúan observándose grupos numerosos de motociclistas que circulan sin casco, sin placas y sin cumplir con los requisitos mínimos de seguridad. Estas prácticas no solo ponen en riesgo la vida de quienes conducen, sino también la de peatones y automovilistas.
El funcionario afirma que la mayoría de los motociclistas ya porta casco y que el número de caravanas se ha reducido. Sin embargo, los habitantes de Salamanca aseguran que a diario se topan con conductores que ignoran el reglamento vial, que aceleran sin control y que cruzan semáforos sin respetar.
La autoridad municipal ha presumido acuerdos con algunos colectivos para que sus recorridos sean “pacíficos” y que eviten zonas sensibles como el centro histórico o el bulevar Bicentenario. Incluso se han anunciado operativos de vigilancia y acompañamiento. Pero en la práctica, lo que los ciudadanos observan es lo contrario: motos que circulan sin medidas de protección, sin placas visibles y con exceso de velocidad, lo que deja claro que esos compromisos no se cumplen.
El argumento oficial es que no se puede restringir la libre circulación de estos grupos por un tema constitucional, lo que ha limitado la respuesta del gobierno a simples acuerdos parciales y a operativos intermitentes. Mientras tanto, los reportes ciudadanos dejan en evidencia la falta de sanciones efectivas y la ausencia de un control real.
La inconformidad social crece. Pese a que las autoridades insisten en que el problema ya está “disminuyendo”, la ciudadanía sigue enfrentando el mismo riesgo desde hace más de un año: motociclistas que circulan en condiciones irregulares, sin castigo y con una sensación generalizada de impunidad.
El contraste es innegable, un gobierno que habla de avances y una población que vive día a día un desorden que no se ha resuelto.
