El abogado Javier Rangel Ávila acusa que, bajo el gobierno de César Prieto, ciudadanos y empresarios enfrentan permisos bloqueados, trámites sin resolver y presuntas exigencias de dinero.

En Salamanca, tener una propiedad, querer construir o invertir puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza. Ciudadanos aseguran que, pese a cumplir los requisitos y realizar los pagos oficiales, la Dirección de Ordenamiento Territorial les pone obstáculos que frenan sus proyectos y afectan su economía.

El abogado Javier Rangel Ávila denunció presuntas irregularidades en la dependencia encabezada por María Litzy Ortiz Navarro, donde, según los afectados, existen retrasos injustificados, nuevas exigencias y supuestas solicitudes de dinero que consideran posibles actos de extorsión.

Uno de los casos involucra una compraventa por 300 mil pesos, detenida porque el municipio no ha resuelto favorablemente la solicitud de un número oficial, pese a que los interesados aseguran haber cumplido los requisitos.

Otro caso corresponde a desarrolladores inmobiliarios que llevan meses solicitando permisos de construcción, aprobación de planos y autorizaciones de terminación de obra, sin obtener las respuestas que esperan.

Y cuando una obra se detiene, no solo pierde el inversionista, también se afectan los empleos de albañiles, electricistas, proveedores y familias que dependen de la construcción.

El abogado cuestiona que, además de los cobros establecidos por la ley, existan presuntas exigencias económicas cuya legalidad debe investigarse.

Los afectados consideran que estas prácticas podrían constituir extorsión, aunque los señalamientos todavía requieren ser acreditados por las autoridades correspondientes.

Ante ello, exigen que la directora María Litzy Ortiz Navarro explique los motivos de los retrasos y que se investigue cualquier posible cobro indebido.

“Salamanca necesita inversiones, empleos y desarrollo económico, no trámites interminables ni presiones ilegales”, aseveran afectados.

Para los afectados, el gobierno está para facilitar el cumplimiento de la ley, no para convertir cada permiso en un obstáculo.

A esto se suman los cuestionamientos por los cobros municipales de anuncios publicitarios.
“¿Se aplican las mismas reglas a todos? ¿También se cobra la publicidad política de personajes cercanos a César Prieto o los anuncios de una escuela señalada como vinculada a la familia del alcalde?”, cuestionan comerciantes.

Piden que se transparenten estos cobros y demuestren que no existen privilegios.

Mientras Salamanca necesita atraer inversiones, generar empleos y promover el desarrollo económico, los denunciantes cuestionan que el gobierno municipal parezca más interesado en recaudar que en facilitar la actividad económica.

“Porque exigir pagos es sencillo; lo que los ciudadanos esperan es que esos recursos se traduzcan en desarrollo, servicios y oportunidades para todos”, concluyeron.