En San Miguel de Allende, crimen de lesa humanidad.
En los primeros minutos del día sábado 14 de enero del año en curso, la policía municipal de San Miguel de Allende recibió varias llamadas de auxilio en las que denunciaban una balacera en la comunidad de Ampliación de Cieneguita. Llegó la policía al lugar y se encontraron con decenas de ministeriales que les prohibieron el paso y les dijeron que se retiraran, que ellos estaban a cargo.
PRIMERA INCONSISTENCIA. Según el parte emitido por la Procuraduría General de Justicia del Estado, un grupo táctico de dicha dependencia acudió para atender una denuncia sobre un grupo armado que se encontraba en una finca en la comunidad de Ampliación de Cieneguita, pero dicho operativo, dice el comunicado, que lo iniciaron a las dos de la mañana del sábado 14 de enero y aquí la primera inconsistencia por parte de la Procuraduría de Justicia, pues las llamadas a la policía municipal sobre una balacera están registradas entre las 12:05 y las 12:15 del sábado 14 de enero.
SEGUNDA INCONSISTENCIA. Dice la Procuraduría General de Justicia que fueron recibidos a disparos en la comunidad de Ampliación de Cieneguita, pero inexplicablemente no atraparon a nadie de los supuestos delincuentes armados. No hay una sola prueba de supuestos delincuentes en ese lugar.
TERCERA INCONSISTENCIA. Se meten a una finca que es usada como salón de fiestas, y lo único que encuentran ahí es a Antonio y Juana Luna con sus tres pequeños hijos. Antonio dispara a las escaleras pues no sabe quiénes son los que ingresaron, pensando que era ladrones, los ministeriales lanzan granadas de humo y llegan hasta el baño donde la familia está refugiándose, desarman a Antonio, se oyen disparos y le vuelven a poner el arma en sus manos a Antonio. Si Antonio estaba defendiendo a su familia, se encontraba ante un peligro inminente pues no sabía quiénes habían ingresado a la finca ¿A qué hora “mató” a sus hijos? ¿Cuántas balas traía la pistola para atacar a las personas que venían subiendo las escaleras y que Antonio no sabía quiénes eran y luego tener el tiempo y más balas para “matar” a sus hijos, a los cuales estaba defendiendo?
CUARTA INCONSISTENCIA. La Procuraduría de Justicia detuvo a Antonio y lo mantuvo incomunicado más de 17 horas, sin respetarle ningún derecho ni sus garantías individuales. En la noche del domingo 14 de enero, 19 horas después de los acontecimientos, la Procuraduría de Justicia emite un boletín diciendo que resultado de un operativo donde hubo intercambio de balazos, el señor Antonio había asesinado a sus tres hijos ¿Dónde está el sentido y la congruencia de dicha afirmación por parte de la procuraduría?
QUINTA INCONSISTENCIA. La procuraduría acusa a Antonio Luna de haber matado a sus tres hijos y de haber intentado matar a su esposa Juana, basándose en una supuesta declaración de la misma Juana Luna, lo que ella
desmintió total y categóricamente en varias entrevistas que concedió a los medios de comunicación. Además, lo acusa de intento de homicidio contra 5 agentes ministeriales. Queda demostrado con el cargo de intento de homicidio contra los ministeriales, QUE EFECTIVAMENTE FUERON MINISTERIALES LOS QUE INGRESARON A LA FINCA, HICIERON DISPAROS Y LANZARON GRANADAS DE HUMO Y TODAVÍA LOS NIÑOS ESTABAN VIVOS. ¿No se dieron cuenta los ministeriales que solo era una indefensa familia?
SEXTA INCONSISTENCIA. Supuestamente el operativo de la Procuraduría de Justicia era contra hombres armados que los recibieron a disparos ¿Dónde quedaron esos maleantes? ¿Por qué los ministeriales se metieron a la finca que es usada como salón de fiestas si ahí no estaba reportado nada y de ese lugar no salieron disparos hasta que ellos ingresaron y Antonio no sabía quiénes eran, por lo mismo pidió desde el primer instante apoyo a la policía municipal, porque pensó que eran ladrones? No se encontraron armas largas, ni drogas donde Antonio era velador, solo una pistola calibre 22 que usaba para su trabajo y para la cual tenía permiso.
La Procuraduría de Justicia dijo iniciar el operativo ese trágico sábado 14 de enero por una supuesta denuncia de hombres armados en la comunidad de Ampliación de Cieneguita en el municipio de San Miguel de Allende. ¿Dónde o quien vio esos supuestos hombres armados? Dice la Procuraduría que su operativo inició a las 2 de la madrugada del sábado 14 de enero, cuando los reportes de balazos los tiene registrados la policía municipal desde las 12:10 horas de ese mismo día.
Ese terrible e ilegal operativo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, comandada por el Lic. Carlos Zamarripa Aguirre, con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a cargo de Alvar Cabeza de Vaca, supuestamente realizado para “atrapar” a unos malosos armados, terminó, por increíble que parezca, en la detención de Antonio Luna por darle muerte a sus 3 pequeños hijos e intentar matar a su esposa Juana ¿Cuál es la lógica? Si no se hubieran presentado las fuerzas del estado en la comunidad de Ampliación de Cieneguita, SIMPLEMENTE NO HABRÍA PASADO NADA Y LOS TRES PEQUEÑOS HOY ESTARÍAN CON VIDA. ¿Qué probabilidades hay de que un operativo para detener delincuentes armados termina “casualmente” en la detención de un velador que supuestamente mató a sus hijos? No tiene ningún sentido.
Y si esto fuera poco, la Procuraduría de Justicia anunció con 45 minutos de anticipación la sentencia de que Antonio Luna había sido vinculado a proceso, cuando el juez de control TODAVÍA NO DABA SU VEREDICTO ¿Ya había “acuerdo” entre el poder ejecutivo y el judicial?
La indignación de la gente es grande y hay una sospecha fundada de que fueron los ministeriales los que dispararon y dieron muerte a los 3 pequeños. La versión de Carlos Zamarripa solo la cree el gobernador del estado Miguel Márquez Márquez. Esperemos pronto la intervención de organismos nacionales e
internacionales de derechos humanos para que se investigue con imparcialidad que fue lo que ocurrió y se deslinden responsabilidades.
De momento y lo más correcto es que ante un crimen de lesa humanidad, sean separados de sus cargos Carlos Zamarripa Aguirre y Alvar Cabeza de Vaca. Eso sería lo menos que podría hacer el gobernador para garantizar que se llegará hasta las últimas consecuencias en la investigación de éste abominable asunto y que se castigará con todo el peso de la ley a los que resulten responsables.
Toda la información en la que he basado éste artículo fue recabada de diversos medios impresos de comunicación y portales electrónicos de noticias, es decir, de información pública, pues no he tenido acceso al expediente para entrar en más detalles, que seguro solo harían más burdo, incomprensible e imperdonable el actuar de la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
Adolfo Enríquez Vanderkam
