Por: Observadora exterior.
Buenos días lectores, aún y sin estar en el poder, Justino Arriaga Rojas sigue aprovechando los beneficios de los recursos públicos a su favor; por miedo o precaución, el ex alcalde se convierte en el principal beneficiario de la actual administración, pues durante los próximos 3 años estará recibiendo un “apoyo” que costará al erario público por lo menos 200 mil pesos al año. Aquí la opinión de la semana.
JAR principal beneficiario de Toño.
Aprovechando el recurso legal que la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, que entro en vigor hace menos de un año, Justino Arriaga Rojas, es el primer ex alcalde salmantino en contar con seguridad personal tras cesar su administración. Con ello, Arriaga Rojas se convierte también en el principal beneficiario del Ayuntamiento de Antonio Arredondo, recibiendo un beneficio de entre 200 mil a 600 mil pesos anuales-sin considerar viáticos-, por eso de que ni las mismas autoridades municipales tienen claro si es uno o tres elementos los que se le asignaron al ex alcalde durante los próximos 3 años para su protección. Y nos guste o no, es de reconocerse su habilidad mediática, pues a pesar de que dejo la administración municipal con el estigma de haber sido la peor en la historia de Salamanca por los diversos actos de corrupción, él sigue aprovechando los recursos del erario público para su beneficio, mientras que seguramente habrá cientos de salmantinos mendigando un apoyo social que quizá nunca recibirán.
No es miedo ¿es precaución?
Miedo no es, aseguro el secretario del Ayuntamiento-y amigo del ex alcalde-José Miguel Fuentes Serrato, pero tras tartamudeos tampoco dejo claro el motivo por el cual se le otorgó este “beneficio” a Justino Arriaga Rojas, el hecho es que, de acuerdo con la misma Ley, no sólo él podría estar gozando de este derecho, sino también su cónyuge y ascendientes en primer grado, así como los ex funcionarios que ejercieron funciones operativas en materia de seguridad ¿será el caso? Aludiendo sarcásticamente a la frase coloquial “haiga sido por lo que haiga sido” es que este hecho causo un rechazo social que no está demás, sobre todo cuando se vive una ola de inseguridad en Salamanca como nunca antes, cuando el número de elementos no es nada proporcional al número de habitantes y sobre todo, cuando en la administración del ex alcalde los índices delictivos fueron a la alza por la falta de acciones concretas que devolvieran la seguridad social.
¿Cómo le hará?
Y para no echarse más la soga al cuello y que la ciudanía piense que es la prioridad su seguridad y no la del ex presidente municipal, el primer edil, Antonio Arredondo refrendo su compromiso de que Valtierrilla cuente de manera permanente con por lo menos unos 30 elementos de seguridad pública sin afectar la operatividad en la ciudad. No le quitamos las buenas intenciones al alcalde que parece ha vivido engañado, pues asegura que existen suficientes elementos para las labores de vigilancia y patrullaje en la ciudad, sin embargo, los hecho delictivos de toda índole que diariamente se viven en el municipio dicen todo lo contario. Este compromiso asumido por el presidente municipal no es cualquier cosa, máxime cuando en es notable que todo el municipio salmantino se ha vuelto una plaza por demás atractiva para el crimen organizado y la pelea por ganarla es evidente. Pero, bueno, tiene escasos días en el poder, sin embargo, le recordamos que en campaña hizo un foro para establecer estrategias y que la seguridad apremia.
La controversia.
Con las recientes reformas en las que se pretende hacer creer la figura de un proceso democrático para la elección del Contralor Municipal, en el que se “consulta” a grupos organizados de la sociedad, el alcalde Antonio Arredondo tienen otro reto a superar que es evitar meter las manos en la asignación de quien se supone debe vigilar el buen manejo de los recursos públicos y el actuar de los servidores públicos. Sobran razonar para dudar que así sea, pues independientemente de la mayoría panistas en el Ayuntamiento, hasta el momento en Salamanca no ha habido ningún contralor que no haya sido un súbdito del alcalde en turno, aún y cuando no fueran del mismo grupo político. Pero, no será hasta que se den a conocer las ternas cuando podamos ver qué tanto metió la mano en el proceso.
Nada claro.
Lo que se presagiaba desde el tiempo de campaña electoral, esta semana quedo revelado: la falta de proyectos claros en materia de obra pública por parte del ahora presidente municipal Antonio Arredondo, a quien se le profetizo un gobierno de continuidad, en todos los aspectos. El adelanto de participaciones federales por 15 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2016 que solicitara tras la aprobación unánime del Ayuntamiento, irán destinados a la elaboración de proyectos ejecutivos de obras ya conocidos por los salmantinos: la segunda etapa de la calle sol, la rehabilitación de la avenida del trabajo y de la avenida Hidalgo, gimnasios al aire libre y la tercer etapa de regeneración de centro histórico. Nada nuevo hasta ahora, aunque sí “necesarias” las prerrogativas que solicitan, pues la administración saliente dejo bien claro que los 8.5 millones que quedaron en las arcas municipales están destinados a lo que parecer ser la prioridad: salarios y aguinaldos de la estrenada administración pública.
Las tranzas.
Cambiar de rezones sociales, alterara escrituras, falsificar actas, usar prestanombres y todo tipo de tranzas “son válidas” en la política mexicana para el pago de favores y para que quienes están en el poder y sus allegados se beneficien de una o de otra manera con recursos públicos, y en Salamanca ha quedado muy claro con el tema del C4 que, parece se vuelve a replicar, con el asunto de la empresa inmobiliaria –que se originó desde la administración de Antonio Ramírez- a la que el municipio debe pagar más de 16 millones de pesos, y que no de hacerlo podría ser embargado. Un asunto en el que son nulas las expectativas de no afectar el ya de por sí mermado erario público, sobre todo si tomamos en cuenta que quien hoy dirige el área jurídica del municipio: Soledad Moreno, es la misma persona que en la administración pasada jugó un papel crucial en el proceso legal que perdió el municipio. Y ¿qué le podrían embargar al gobierno? Entre otras cosas, lo recaudado por concepto de multas o pago predial; así que “aguas” no le sorprenda la implementación de operativos excesivos tal y como sucedió luego de las pasadas campañas electorales para recuperar los ingresos que se desviaron, en este caso, los que podrían ser embargados.
El costo del elefante blanco.
La unidad deportiva en la comunidad de Valtierrilla construida en la administración de Antonio Ramírez Vallejo, en la se invirtieron 32 millones de pesos y que fue inaugurada con bombo y platillo por él mismo a unos cuantos días de concluir su administración cuando la obra no estaba terminada, es claro ejemplo de esos “elefantes blancos” que luego los políticos suelen confundir con “obras históricas y trascendentes”. Estas instalaciones que no contaban ni con los servicios básicos cuando se inauguró, tienen más de 3 años inhabilitados y ha servido de “guarida” para los delincuentes que sustrajeron desde el cableado eléctrico hasta los accesorios sanitarios, así que gobierno del estado le tuvo que inyectar otros dos millones de pesos, más lo que el municipio le vaya a “invertir” ahora que tiene la intención de ponerla en operación, la pregunta es ¿cumplirá su objetivo en una comunidad donde la mayoría de los adolescentes y jóvenes están más inmiscuidos en actividades delincuenciales que recreativas?
Las consecuencias.
Guanajuato es el segundo estado en el país con mayor producción de sorgo, pero los efectos que el pulgón amarillo dejo a su paso no sólo fueron grandes pérdidas en las cosechas y deudas para los agricultores en su intento por rescatar sus siembras, sino hasta la probabilidad de que pierdan sus tierras por falta de liquidez. El costo fue mucho y el beneficio muy poco o quizá ninguno, pues sólo están cosechando dos o tres toneladas de sorgo por hectárea de las 10 que esperaban recolectar, y la cosa se pone color de hormiga cuando el precio que se les paga por tonelada, como siempre, es muy por debajo de lo deseado. Una vez más queda demostrado que la política agraria está encaminada al abandono del campo mexicano provocado por que los principales apoyos agrarios están destinados a las propiedades productivas de ricos inversionistas que ante estas “crisis provocadas” salen “al rescate” de los campesinos comprándoles sus tierras a un precio infravalorado con el que apenas alcanzan a pagar los financiamientos que en su momento se los otorgaron para intentar salvar sus cosechas.
Como pinta el Ayuntamiento.
El regidor del PVEM Guillermo Lamadrid empieza la administración con el pie izquierdo, pues trae consigo responsabilidad por el tema de la Inmobiliaria Dinámica del Hábitat al haber sido Secretario del Ayuntamiento en el gobierno del ex alcalde Antonio Ramírez, donde se originó el asunto; pero no sólo eso, sino que se revela lo que era un secreto a voces, respecto a que sus orígenes blanquiazules podrían dominar sus funciones y al parecer así será, pues de entrada ya pidió un primer favor en la tesorería municipal y con eso de que “favor con favor se paga” tarde o temprano tendrá que pagarlo, lo malo es que seguramente no será él quien salga perdiendo. Y a penas en la segunda sesión de cabildo la regidora Panita Juana Miranda Mosqueda, llego cuando la sesión casi terminaba ¿es este el nivel de compromiso? Por el contrario, quien comenzó haciendo señalamientos sustentados fue la regidora del Partido Humanista, Guadalupe Manríquez, quien solicito que se reconsidere a quien dirige el área jurídica-o sea la ex síndico Soledad Moreno-quien no solo estuvo involucrada en la falsificación de actas en el tema del C4, sino que también se le señala como la responsable de que el municipio perdiera el caso de Dinámica del Hábitat. Esperemos que ese juicio con el que empieza, no merme con el paso de los días.
