- Aseguraron que el proceso legal ha sido viciado por presunta corrupción de la Juez Cuarto de lo Civil.
- La radicación de un Amparo, aplazó la diligencia
Con el apoyo de numerosos vecinos, una familia de la colonia Guanajuato se opuso a la ejecución de desalojo de un predio ubicado en el número 707 de la calle Uriangato, acción que se suspendió por la presentación de un amparo de la parte demandada, luego de que argumentaran ser víctimas de un proceso viciado por presunta corrupción del Juez Cuarto de lo Civil, debido a que el demandante pretende despojarlos de un terreno que pactaron hace 30 años y por el que pagaron $ 5 millones de pesos.
La diligencia judicial efectuada alrededor de las 11:00 horas de este miércoles, correspondió al proceso jurídico promovido ante la Juez Cuarto de lo Civil de esta ciudad, bajo el número de expediente 302/2015C a cargo de la Lic. María Lourdes Villegas Hernández, asegurando familiares del demandado aseguraron que, no recibieron notificación oficial para la realización de la ejecución de desalojo.
Para la hora señalada hicieron su arribo elementos de Policía Municipal que resguardarían la ejecución de la diligencia, sin embargo, en el lugar ya eran esperados por una gran cantidad de personas, entre familiares y vecinos que, formando una valla humana ejercieron presión , para impedir el ingreso de la actuaria así como la realización de la diligencia, que se desistió tras la presentación de un amparo bajo el Toca 354/2016, asegurando que este apoyo es por las familias que durante 30 años vieron trabajar para construir y vivir pacíficamente en tres casas habitación que hoy los quieren despojar.
Esta afirmación se sustenta en el testimonio y documentos presentados por la familia del señor Candelario Mendoza poseedor de las viviendas, quien en el año de 1986 signó ante notario público un contrato de compraventa con el Salvador Rico López en calidad de vendedor de un terreno de 25 metros de frente por 37 metros de fondo, por un poco de poco más de $5 millones de pesos, los cuales pagó en tiempo y forma, en base a los recibos firmados por el vendedor y avalados por el Notario Público número 17, Antonio Elizarraras García (q.e.p.d.).
La justificación que argumenta el vendedor, aseguran, es que el señor Candelario Mendoza pagó el 99.99% de la totalidad pactada en el convenio de compra venta del terreno baldío, en ese entonces sin número oficial de la calle Uriangato, esto porque el vendedor Salvador Rico López se negó a recibir el último pago, argumentando verbalmente que para él el predio ya tenía un valor más alto, el cual exigía se le cubriera, faltando en su momento al convenio, motivo por el que se negó a recibir la cantidad faltante y por ende a firmar la escritura de compra-venta.
Cierto o no, el hecho es que dejó transcurrieran casi 30 años y en el año 2015, promovió un juicio de despojo, en un intento por recuperar el terreno donde al cabo del tiempo, el comprador Candelario Mendoza construyó lo que hoy son tres casas marcadas con los números del 705 al 707 de la calle Uriangato, mismas que pretende desalojar para tomar posesión de ella.
Agregaron que ése intento de desalojo es el segundo que se lleva a cabo, ya que hace 19 años, Salvador Rico promovió un juicio “donde compró a los abogados y a don Cande le volvieron a hacer fraude, donde pasó lo mismo”, sin embargo hay muchísimas irregularidades en el juicio “y ese es el temor que tenemos, que cómo es que un juez se presta o cómo todo el poder judicial se presta para tales anomalías, como el que no acepten unas pruebas, que manipulen los expedientes o cómo es que al señor (el demandante) le resuelvan una cosa de un día para otro”, aseguraron.
A decir de familiares del hoy demandado Candelario Mendoza, indican que el demandante Salvador Rico López ha incurrido en varias anomalías en perjuicio de varias personas a las que también vendió diferentes predios, entre ellos a una persona que a punta de pistola, lo obligó a que le vendiera su terreno “y a una señora le hizo lo mismo”, afirmaron “y eso es lo que estamos en contra, que como es posible que nuestras autoridades a las que uno les paga con nuestros impuestos se presten a semejante antecedente, porque es ilógico que este señor (Salvador Rico) ya tiene varias demandas y problemas similares, siga con lo mismo y las autoridades se lo permitan”, señalaron al pedir al Supremo Tribunal de Justicia y a la Procuraduría de Derechos Humanos intervengan.
