* El grupo multidisciplinario hizo el cateo dentro del predio en la colonia Rancho Grande en Irapuato, donde se localizó además equipo para extracción de hidrocarburo.
Durante un operativo conjunto entre la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y autoridades Federales, se logra un importante aseguramiento, al ubicar un inmueble donde eran almacenados en total 66 mil litros de hidrocarburos extraídos ilegalmente, además de tráileres y pipas con reportes de robo y alteraciones, así como instrumentos que utilizaban para succionar el líquido a los ductos de Pemex.
En la ciudad de Irapuato fue ubicado el predio a través de los trabajos conjuntos que se desarrollan en la entidad, en materia de combate al robo, almacenamiento y comercialización ilegales de combustibles, mismos que encabeza la Unidad Especializada en Investigación y Recuperación de Robo de Vehículos de la PGJE, para lo que se solicitó una orden de cateo.
Sobre el bulevar Paseo Solidaridad, en la colonia Rancho Grande, agentes especializados del Ministerio Público, peritos, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y de autoridades federales, desplegaron la operatividad y, tras la revisión, se obtuvo el siguiente aseguramiento:
* Ocho tracto camiones, uno con reporte de robo en Silao y los demás alterados.
* 19 auto-tanques, tres de ellos con reporte de robo en Veracruz y Uriangato; y los restantes con alteraciones.
* Cuatro dollys, dos son robados y los otros dos alterados; así como una caja seca que muestra alteraciones en sus códigos.
* Un total de 66 mil litros de hidrocarburo, del que no se acredita su legalidad.
* Decenas de cubi-tanques, contenedores, garrafas y cubetas; una motobomba y manguera de alta presión, utilizadas para la extracción a ductos.
El inmueble ha quedado a disposición del Ministerio Público especializado a fin de seguir con las indagatorias pertinentes a lograr la identidad de las personas responsables de realizar estas actividades. Asimismo, se analiza aplicar la ley de extinción de dominio del sitio, por su uso para fines delictivos.