En sesión solemne y conjunta del Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo del Poder
Judicial del Estado de Guanajuato, ante el gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez; la Presidenta del Congreso del Estado, Arcelia María González González; jueces y funcionarios estatales, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del
Consejo del Poder Judicial, Magistrado Miguel Valadez Reyes rindió su informe anual de labores.

En el mismo, destacó el primer lugar que ocupa Guanajuato a nivel nacional en la implementación y operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio de acuerdo al Centro de Investigación para el Desarrollo , A.C., plasmado en el Reporte  “Hallazgos 2016”; la colocación de la entidad entre las tres primeras del país en el indicador “Cumplimiento de Contratos”, ello gracias a la certeza jurídica que genera la institución con la implementación de los juicios orales mercantiles.

 De igual manera puntualizó en el adecuado funcionamiento del Sistema de Justicia para adolescentes bajo la modalidad oral; el referente exitoso que ha resultado ser en el país, el Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Guanajuato por la labor
de los mediadores-conciliadores que lo conforman.

El Magistrado Presidente resaltó “que el pasado mes de noviembre, el Poder Judicial fue
sujeto a una estricta auditoría por parte de una casa certificadora autorizada  por la Entidad Mexicana de Acreditación, para la certificación en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y no Discriminación, logrando alcanzar un alto puntaje, siendo el primer Poder Judicial del país en obtenerlo en el nivel plata”.

Durante su mensaje, el Magistrado Presidente se refirió al compromiso social de quienes laboran en el Poder Judicial: “todos los que servimos a la Institución que tiene a su
cargo tan delicados cometidos, pretendemos cumplir los que de ellos nos corresponden no sólo con empeño, dedicación y profesionalismo, sino con el fervor que despiertan los insuperables propósitos que sus atribuciones le asignan; y aunque conscientes de nuestras limitaciones y posibilidades, en el trabajo, a veces arduo y fatigoso, que se nos demanda, tenemos siempre presente que con él estamos contribuyendo a tener una interacción en la que prevalezca, por encima de todo el orden jurídico que nos hemos dado y cuya toral razón es la defensa de los derechos humanos como valor supremo. Con ella y por ella potencializamos nuestras capacidades para cumplir el desiderátum que a todos nos vincula: Brindar el servicio de impartición de justicia en los niveles de calidad y eficiencia que los justiciables demandan y merecen”.