“La violencia, la inseguridad, la impunidad y, en términos generales, la debilidad de nuestro Estado de derecho y la falta de condiciones adecuadas para el debido desarrollo de las personas, han propiciado que en diversas regiones del país, un número considerable de mexicanas y mexicanos abandonen sus lugares habituales de residencia para buscar no sólo mejores condiciones de subsistencia, sino muchas veces cuestiones tan básicas como preservar su vida e integridad física, así como la de su familia” así lo revelo Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Luis Raúl González Pérez, en la presentación del Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México (DFI).
El ombudsman señaló que este fenómeno no reconocido oficialmente está directa e indirectamente vinculado a distintas violaciones a los derechos humanos, como los relativos a la circulación y residencia, a la salud, seguridad personal, seguridad pública, seguridad alimentaria, al trabajo y a la educación.
En el Informe–resultado de un trabajo de muestreo basado en cuestionarios y visitas a las 32 entidades federativas—, el Organismo Nacional cita otros estudios sobre el alcance numérico del DFI, a través de los testimonios recabados en comunidades, ejidos, rancherías y municipios en donde se detectó a 1,784 personas que dijeron haberse desplazado, además se detectó a 35,433 personas víctimas del DFI, referenciadas por autoridades estatales y municipales, así como por víctimas de desplazamientos y otras personas que las conocieron, en tanto que distintos organismos protectores de derechos humanos informaron de la existencia de 6,685 víctimas más y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas reportó haber dado atención a 5,364 familias de personas indígenas desplazadas de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Oaxaca, lo que equivale a 16,092 personas.
El Presidente de la CNDH alertó sobre la atención a este fenómeno, que demanda la acción coordinada de los gobiernos federal, estatal y municipal, ya que lo hecho hasta ahora son acciones aisladas, centradas en apoyos asistenciales temporales, sin planeación integral ni diagnósticos serios y confiables.
“Las dificultades para abordar este tema empiezan desde el hecho de que no exista dentro del sistema jurídico mexicano, una norma que establezca qué debemos entender por desplazamiento forzado interno o que establezca un marco de actuación frente al mismo. Quien sufre un desplazamiento forzado en nuestro país queda en vulnerabilidad, tanto por las condiciones inherentes al hecho mismo del desplazamiento, como por la falta de normas y capacidades institucionales específicas para la protección, acompañamiento y asistencia a las víctimas” explicó.
González Pérez puntualizó que si bien el DFI no es nuevo en el país, éste es el primer informe emitido por un órgano del Estado mexicano sobre el tema, donde se analizan sus causas, manifestaciones y principales problemas de nuestro país, en el que se proponen algunas medidas y acciones preventivas, así como protección a las personas desplazadas.
Añadió que dicho esfuerzo debe culminar en un registro nacional implementado bajo estándares internacionales, así como considerar medidas de asistencia legal y jurídica a la población desplazada para garantizar la investigación de los hechos, la restitución de los derechos vulnerados y la defensa de los bienes afectados.
El Quinto Visitador General de la CNDH, Édgar Corzo Sosa, indicó que como resultado del análisis de la información obtenida se concluye que el DFI no ha sido visibilizado ni las victimas atendidas en forma adecuada para proteger o garantizar sus derechos humanos; aunque algunas instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil reconocen la existencia del fenómeno, no hay postura uniforme del Estado mexicano en ese sentido; se carece de acción coordinada de los tres niveles de gobierno para hacer frente al problema y atender las violaciones a derechos humanos; falta que este fenómeno sea una constante en el discurso gubernamental, y se carece de un diagnóstico nacional y oficial sobre el DFI en México.
El Presidente de la CNDH dio a conocer que este Organismo autónomo cuenta ya con una propuesta de Protocolo de Atención a las personas víctimas de DFI, que en breve será presentada con el fin de que sea tomada en consideración por las autoridades correspondientes Entre las propuestas destacan la creación de una política pública integral y transversal en derechos humanos para proteger y garantizar los derechos de las víctimas; formular protocolos de actuación para autoridades, corporaciones y funcionarios del Ejecutivo federal; generar acciones de coordinación entre las entidades de los tres niveles de gobierno, organismos internacionales, sociedad civil organizada y sector privado.
También, coordinar a las instituciones gubernamentales competentes para implementar mecanismos para el acceso de la población desplazada a programas sociales; implementar medidas para garantizar a las víctimas el goce de los derechos que les reconoce la Ley General de Víctimas; implementar mecanismos para el acceso de la población desplazada a programas de empleo; implementar mecanismos para el acceso de población desplazada –especialmente niñas, niños y adolescentes— a programas de educación obligatoria en todo tiempo y respuesta positiva para quienes carecen de documentación.
Previa reforma constitucional, realizar un estudio para determinar la viabilidad de expedir una ley general sobre DFI, donde se plasmen derechos de víctimas, deberes del Estado y acciones de prevención y control; incorporar en los censos de población nacionales preguntas sobre el DFI y atender de manera inmediata a las poblaciones víctimas de este fenómeno, asignando recursos humanos y materiales para cubrir sus necesidades prioritarias.
