Esta mañana desde el Palacio Nacional el presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, con la que se pretende reducir el costo de financiamiento a los gobiernos locales responsables; y moderar el endeudamiento, fomentando la disciplina financiera de estados y municipios.

«Hoy concretamos un avance jurídico clave, que establece condiciones favorables para el crecimiento económico y la generación de empleo». Con la nueva Ley, y con las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, a la ahora Ley Federal de Deuda Pública y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental que también hoy se promulgan, “el Estado Mexicano tiene nuevos y mejores instrumentos para asegurar finanzas públicas sanas, y con ello procurar la estabilidad macroeconómica del país” señala el comunicado emitido por la presidencia de la república.

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, permitirá que las finanzas públicas locales sean sostenibles en el mediano y largo plazos, gracias a las Reglas de Disciplina Financiera y de Ejercicio del Gasto.

El nuevo marco normativo obliga al cumplimiento de balances fiscales equilibrados; a una planeación de mayor horizonte temporal para estados y municipios; así como a destinar los ingresos excedentes en proyectos de inversión o el pago de pasivos.

Con el Sistema de Alertas que establece la Constitución, y que esta Ley reglamenta, los ciudadanos conocerán, con claridad y total transparencia, los niveles de endeudamiento de todos los entes públicos locales que tengan contratada deuda.

Dependiendo del resultado que arroje este Sistema de Alertas, se fijarán los Techos de Financiamiento Neto a los que podrán acceder, estados y municipios, cada año; lo que fortalecerá un manejo adecuado, planeado y, desde luego, responsable de su deuda.

Esta Ley permitirá reducir los costos de la deuda pública de las entidades federativas y los municipios, a través de dos vertientes: Por un lado, obligando a que la totalidad de las contrataciones de deuda de los entes públicos locales, se haga mediante procesos competitivos. En ellos, se elegirá a partir de la propuesta bancaria con el menor costo financiero; asegurando el cumplimiento del mandato constitucional.

Y por otro lado, la Ley que hoy se promulga, establece los requisitos y condiciones para que el Gobierno de la República pueda otorgar un aval federal, a la deuda contratada por los estados y los municipios, lo que conducirá a menores costos de financiamiento.

En términos de pesos y contrapesos, la nueva legislación prevé un fortalecimiento de la corresponsabilidad en las autorizaciones de endeudamiento, que otorgan las Legislaturas locales a los entes públicos.

Como se estableció en la Reforma Constitucional, sólo se podrá contratar deuda, si al menos dos terceras partes del Congreso Local lo aprueban. Para ello, dichas Legislaturas deberán señalar el destino de los recursos y analizar la capacidad de pago del ente público.

 El nuevo Registro Público Único, permitirá inscribir y transparentar la totalidad de las obligaciones que contraten los entes públicos locales, independientemente de su modalidad, ya sea deuda, asociaciones público–privadas, deuda de corto plazo u otras.

De esta forma, se pretende que los mexicanos puedan vigilar mejor el uso de los recursos públicos y conocer, de manera clara, la forma en que se invierte la deuda de su estado o municipio.

La nueva Ley tiene su origen en una de las 13 decisiones presidenciales que el Primer Mandatario anunció el primer día de su Gobierno, y que posteriormente se integró como uno de los compromisos del Pacto por México.