De los 244 servidores públicos en Salamanca obligados a presentar su declaración anual, 233 son los que cumplieron con esta obligación, informó el Contralor Municipal, Noé López García, quien dijo que una vez recibida la declaración de cada servidor público, ésta se guarda digitalmente y la Contraloría Municipal ya no tiene acceso a ella para poder iniciar alguna investigación en caso de existir la posibilidad de que el servidor público obtenga ingresos superiores a los que lícitamente podría obtener.
“Se guarda la verdad, sinceramente cada servidor público la información que ellos plasman nosotros ya no tenemos acceso, a cada servidor públicos se le da una clave y un usuario y sobre esa clave y ese usuario yo ya no tengo acceso a consultar su información en aras de decir bueno está una situación rara con el servidor público, lo que el declara realmente se queda en el sistema, pero nosotros como contraloría que iniciemos una investigación o indagar sobre las propiedades de alguna gente, yo creo que por protección de datos de los mismos servidores públicos tampoco existe eso” comentó el Contralor Municipal.
Pese a ello, López García, aseguró que las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos si son de utilidad para detectar el posible desvío de recursos públicos o el enriquecimiento ilícito a través de estos.
“Sí sirve porque toda la información que se plasma ahí se queda y nosotros de una (declaración) a otra, de una inicial de una final y al transcurso de los años, uno va viendo la diferencia de las propiedades, los bienes, de sus cuentas, de sus valores, de todo lo que marca la declaración; pero hoy en día lo que cualquier ciudadano plasma, nosotros no nos ponemos así como que haber cuánto tiene vamos a investigarlo no, o sea, yo creo que en esa parte si somos respetuosos, también en el sentido de la privacidad de cada uno de los funcionarios” aseveró.
López García, dijo que sólo en caso de existir alguna queja o denuncia quizá se podría abrir el portal de las declaraciones para la investigación, pero competería a la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas.
Al respecto la Ley de Responsabilidades Administrativas para los Servidores Públicos del Estado, señala que: Cuando existan elementos o datos suficientes que hagan presumir que el patrimonio de un servidor público es notoriamente superior a los ingresos lícitos que pudiera tener, los órganos de control de las autoridades referidas en el artículo 3 de esta Ley podrán, si así lo consideran, solicitarle que realice las aclaraciones pertinentes respecto de las incongruencias detectadas en relación con los bienes que integran su patrimonio y las manifestaciones contenidas en las declaraciones patrimoniales presentadas ante los órganos de control.
También señala que: En caso de incumplimiento en la presentación de la declaración de situación patrimonial inicial, final o anual, una vez agotados, respectivamente, las autoridades competentes iniciarán el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del omiso.
Sin embargo, en Salamanca no se ha iniciado ningún procedimiento en contra de los 11 servidores públicos que no presentaron su declaración anual, pese a que el plazo venció el pasado 31 de mayo.
“Están obligados a presentar tres tipos de declaración: la inicial, la final y la anua. En la declaración anual que es la que acaba de pasar fue por los servidores públicos que en el ejercicio inmediato interior, digamos que ahorita hablamos del ejercicio 2015 si un servidor púbico inicio sus actividades el primero de enero y terminó el día 9 de octubre, que terminó la administración pública municipal, por ese periodo tuvo que haber presentado por ley a más tardar el 31 de mayo su declaración a anual, y si un servidor público inicio el día 10 de octubre con la administración que acaba de comenzar tuvo que haber presentado su declaración inicial por el periodo del 9 de octubre al 31 de diciembre” explicó el Contralor.
