La reforma a la Constitución Política de Veracruz aprobada el pasado jueves por el Congreso del Estado veracruzano, a iniciativa de su Gobernador, Javier Duarte-para calmar a los grupos ultracatólicos de aquel estado-mediante la cual se garantiza el derecho a la vida desde el momento de la concepción, colocó al estado de Veracruz en los “ojos” del mundo.
Tan es así que la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU-MUJERES); la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México, emitieron un comunicado en el que manifiestan su rechazo a referida reforma.
Estas entidades señalaron que la reforma constitucional de Veracruz es particularmente reprobable considerando que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, desde sus Observaciones Finales en relación a México adoptadas en 2012, externó su preocupación por que “las enmiendas introducidas en las constituciones locales que protegen la vida desde el momento de la concepción hayan puesto en peligro el disfrute por la mujer de su salud y derechos sexuales y reproductivos”. El citado Comité expresó que su preocupación se mantenía “aun cuando esas enmiendas no hayan modificado los motivos jurídicos ya establecidos para practicar un aborto”.
ONU-Mujeres, ONU-DH y UNFPA subrayan que en la regulación del marco de derechos humanos, el Estado mexicano y todas sus instituciones están obligados constitucionalmente a respetar el Estado laico que permita el libre desarrollo de la personalidad, favorezca la tolerancia y la convivencia, sin discriminación alguna, de las diversas creencias de sus habitantes.
Señalan también que la reforma aprobada supone una regresión, contraria al artículo primero de la Constitución y a los tratados internacionales ratificados por México, en el reconocimiento de los derechos humanos, puesto que podría contribuir a la estigmatización de las mujeres que quieran acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como provocar un efecto inhibitorio en los prestadores de dichos servicios.
En este tenor, el periódico El País publicó que e l Gobierno veracruzano de Javier Duarte ha desafiado al Estado mexicano con una reforma antiabortista que supone un retroceso de la Constitución federal.
El medio informativo internacional refiere que aunque en la modificación de la Constitución estatal de Veracruz no se menciona el homicidio, los expertos advierten que este cambio podría equiparar la interrupción libre del embarazo con un atentado contra la vida. «Al incluir un párrafo donde aseguran que el Estado protegerá la vida desde su concepción hasta la muerte natural un abogado o fiscal puede considerar al aborto como un homicidio y se pueden pedir penas de prisión», explicó para El País Diego Valadés, investigador constitucionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El experto refirió que el Ejecutivo federal podría impugnar la reforma veracruzana y emprenda un recurso de inconstitucionalidad.
