El Poder Judicial de la Federación, los partidos políticos nacionales y la Cámara de Diputados, son algunas de las instituciones que le han sacado la vuelta al tema de implementar programas de austeridad ante el complejo panorama económico para 2017.
La licitación concluyó en diciembre pasado, apenas unos días antes de que iniciara en México el proceso para la liberación del precio de los combustibles.
El dictamen de adjudicación de la licitación pública CJF/SEA/DGRM/DCS/LPN/041/2016, firmada el 12 de diciembre pasado, salió a favor de la empresa Efectivale S de RL.
La empresa deberá suministrar los vales para gasolina en papel, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, mismos que sirven para los vehículos oficiales del Consejo de la Judicatura Federal y para empleados con dicha prestación, entre ellos consejeros, magistrados, jueces, asesores y directores.
Otros organismos que han hecho mutis sobre estos planes de austeridad y que reciben bolsas presupuestales multimillonarias, son el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
México, botín de políticos pillos.