92 Millones de pesos, en vales de gasolina para empleados del Consejo de la Judicatura Federal

El Poder Judicial de la Federación, los partidos políticos nacionales y la Cámara de Diputados, son algunas de las instituciones que le han sacado la vuelta al tema de implementar programas de austeridad ante el complejo panorama económico para 2017.

De hecho, a unos días de que entrara en vigor el llamado gasolinazo, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) otorgó un contrato por 92 millones de pesos a la empresa Efectivale S de RL, con el propósito de garantizar vales de gasolina a sus empleados, entre ellos jueces y magistrados.

La licitación concluyó en diciembre pasado, apenas unos días antes de que iniciara en México el proceso para la liberación del precio de los combustibles.

El proceso de licitación del CJF ha sido cuestionado, ya que aunque la empresa Servicio Sodexo Motivation Solutions México SA de CV encabezaba la lista para ganarla, de último momento no presentó la copia simple del cuadernillo del sistema de presentación del dictamen fiscal.

El dictamen de adjudicación de la licitación pública CJF/SEA/DGRM/DCS/LPN/041/2016, firmada el 12 de diciembre pasado, salió a favor de la empresa Efectivale S de RL.

La empresa deberá suministrar los vales para gasolina en papel, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, mismos que sirven para los vehículos oficiales del Consejo de la Judicatura Federal y para empleados con dicha prestación, entre ellos consejeros, magistrados, jueces, asesores y directores.

MEJOR NO OPINAN

Algunos organismos han optado por mejor no opinar sobre el tema de la llamada austeridad derivada del gasolinazo, destaca la Cámara de Diputados, sobre todo por los señalamientos de distintos sectores respecto a las prebendas y privilegios que reciben los 500 diputados, específicamente en bonos anuales, aguinaldos, vales de gasolina, viajes, seguro de gastos médicos, entre otros.

Otros organismos que han hecho mutis sobre estos planes de austeridad y que reciben bolsas presupuestales multimillonarias, son el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.