El ambiente social degradado
Hace poco más de un año, el 19 de junio de 2016, en esta columna apuntábamos: «Para cualquier persona con un mínimo de capacidad de observación resulta obvio que el ambiente social en el país ha experimentado impactos adversos que afectan a la mayoría de la población y que inciden negativamente en la calidad de vida de los mexicanos».
Mencionábamos que, entre otras causas, además de la degradación de nuestro ambiente natural, la «inseguridad y la violencia, la creciente desigualdad, la pobreza y miseria que aquejan a más de la mitad de nuestra población, la insultante corrupción en esferas públicas y privadas, […] todo ello en un contexto de ausencia de democracia, produjeron efectos sinérgicos cuyos impactos alcanzan a la totalidad de la sociedad».
Pues bien, la situación en el país, el estado y nuestro municipio ha empeorado sensiblemente. Actualmente es común que los medios informen cotidianamente sobre hechos en extremo violentos que ocurren en diversas regiones del país; sin embargo, de un tiempo para acá ese tipo de hechos a menudo tiene lugar en nuestra ciudad que se ha visto invadida por la violencia y la inseguridad, situación que ha contribuido a degradar las condiciones del ambiente social.
La renuncia de algunos elementos de la policía municipal, asociada a la ejecución de tres miembros de ese cuerpo y las acusaciones a funcionarios de la administración del municipio por corrupción y colusión con grupos delictivos, activó la alarma entre la población que directa o indirectamente es víctima de esta situación.
Algunos ciudadanos, con verdadera preocupación se preguntan qué hacer en este contexto de violencia e inseguridad que nos ha invadido.
La respuesta, en teoría, es sencilla: el Estado tiene la responsabilidad de proveer la protección y seguridad de la población.
Sin embargo, en nuestro país y desde hace mucho tiempo, pero especialmente de 35 años a la fecha, la etapa de los gobiernos neoliberales, las condiciones de vida y trabajo de la población sufren un deterioro constante que ha conducido al incremento de la desigualdad, inequidad y la marginación social, condición que ofrece un caldo de cultivo sumamente favorable al surgimiento de conductas antisociales las que, en nuestro caso, cubren un amplio espectro de lo público y lo privado.
Si el Estado mexicano y el gobierno, como uno de sus componentes, representaran los intereses del pueblo, la situación que ahora nos preocupa no existiría. Pero da la casualidad que los intereses que representan y defienden son los de una muy pequeña fracción de la sociedad: la oligarquía; a la que solamente le importa mantener y reproducir las condiciones que le permitan continuar en el poder e incrementar sus capitales.
Es por esa razón que la violencia y la inseguridad las enfrentan con más armamento y represión, sin considerar los aspectos que pudieran eliminar las causas que las provocan y procurar con ello una vida digna y en paz para quienes pueblan este país, cosa que va contra los intereses de la oligarquía. Tal aseveración se comprueba con la aplicación de las (contra) reformas estructurales.
Y si el gobierno, en todos los niveles, no representa nuestros intereses como pueblo, ¿por qué no intentamos, como punto de partida, cambiarlo por uno que realmente atienda nuestros problemas y necesidades?
Si los partidos políticos y el sistema electoral son mecanismos para preservar el actual estado de cosas, ¿por qué no nos decidimos los ciudadanos a seleccionar, democráticamente, a los candidatos y a elegir a los mejores?
Si la democracia significa gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿por qué no la aplicamos?
Y si la soberanía reside esencial y originariamente en nosotros, el pueblo (artículo 39 constitucional), ¿por qué no la ejercemos?
Entonces, parece que la solución está en nosotros.
Salamanca, Guanajuato 3 de septiembre de 201
