Insiste la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- que las garantías de las mujeres en San Salvador Atenco fueron quebrantadas y son merecedoras de “medidas administrativas, disciplinarias o penales”, consignando el caso a la Corte Interamericana.
Cabe destacar que el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, hizo lo imposible para que el caso llegara a dicha corte, ya que el Estado Mexicano se negó a atender las recomendaciones formuladas en octubre de 2015 y realizó declaraciones para descalificar a las víctimas de graves abusos y evitar que prosperara el litigio seguido por 11 mujeres que denunciaron tortura sexual.
De acuerdo a la CIDH, las 11 demandantes fueron víctimas de abusos y de tortura sexual, entre otros ilícitos, por lo que el Estado Mexicano es responsable de violar los derechos a la libertad personal y garantías judiciales; a la integridad personal de ellas y de sus familiares, a la vida privada, la autonomía y dignidad, la igualdad y no discriminación, así como a las garantías judiciales y protección judicial.
El organismo de la Organización de Estados Americanos –OEA- analizará el discurso político de altos funcionarios como factor de “denegación de justicia” en los casos de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, quienes durante 11 años no han cedido en exigir sanción a los responsables materiales e intelectuales de los tres niveles de gobierno, incluida la cadena de mando.
Con información de Proceso
