• El lunes pasado la representación legal se negó a firmar un convenio para pagar como patrón del preventivo.

Con la negativa a firmar un convenio de pago con los deudos de las dos personas del sexo femenino que murieran atropelladas por una patrulla conducida por un elemento de policía en el estacionamiento de plaza Galerías, la administración municipal a través de su representante legal busca eludir su responsabilidad como patrón a reparar el daño económico estipulado por el Ministerio Público.

A un año de ocurrido el percance en el que lamentablemente las dos mujeres adultas que respondían a los nombres de Dolores Chávez y Guadalupe Chávez, fallecieron por las graves lesiones que sufrieron cuando una patrulla que se encontraba en el estacionamiento de la mencionada plaza comercial, las embistió al realizar una maniobra de reversa, perdiendo la vida una de ellas en el lugar y otra más minutos después de ser trasladada a una institución médica.

Después del hecho ocurrido en el mes de agosto del año pasado, “se trata de ejercer el derecho de los ofendidos a la reparación del daño y fincar responsabilidad como tercero a la Presidencia (Municipal) puesto que la Ley dice que están obligados a responder como patrones por los daños que ocasionen los trabajadores”, explicó el abogado de los familiares de las fallecidas Enrique Romero.

Apuntó que debido a que el Ministerio Público está por ejercer acción penal en contra del policía preventivo que conducía la unidad de nombre Luis Amado García y que a la fecha sigue activo “…y lo que se pretende es llegar a un convenio como Presidencia Municipal sobre el pago que es de 5 mil salarios mínimos como lo indica la Ley Federal del Trabajo, (monto estipulado) por cada una de las personas fallecidas”.

El representante legal destacó que a consecuencia del lamentable hecho de tránsito “existe una obligación que no se ha cumplido desde hace un año por parte de Presidencia Municipal”, reiterando que el pago de la reparación del daño es una responsabilidad que le compete a la administración en su calidad del patrón del elemento de Seguridad Pública causante del hecho del tránsito.

A pesar de la obligación económica que el municipio deberá saldar, en la audiencia celebrada el pasado lunes 2 de octubre, la representación legal de la administración, se negó a firmar el convenio de pago, esto a pesar de que existe presunción que para este tipo de hechos la Presidencia de Salamanca debiera de contar con un seguro para el pago de daños a terceros por el desempeño de la función de los policías y de los servidores públicos, remarcó el representante de los familiares de las víctimas al lamentar la falta de disposición y voluntad de la gestión del ingeniero Antonio Arredondo Muñoz