La Suprema Corte de Justicia de la Nación le otorgó un amparo a la empresa productiva del estado eximiéndola de alguna responsabilidad y costo ambiental causado por el robo de combustible en sus instalaciones. Será el Ejecutivo Federal quien pague.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo a Petróleos Mexicanos (Pemex) para que la empresa no se haga responsable de la reparación del daño ambiental provocado por las tomas clandestinas de hidrocarburos que hay en diversas regiones del país.

Durante la sesión de este miércoles, los ministros de la Segunda Sala del alto tribunal determinaron que sea el Estado el que, subsidiariamente, concrete las acciones de remedio del daño ocasionado por los ‘huachicoleros‘ cuando estos no son detenidos.

Para la mayoría de ministros, pretender que Pemex sea responsable por los daños ocasionados por la ordeña de ductos, sería tanto como trasladar la responsabilidad que en materia de seguridad pública tienen la Federación, las entidades federativas y los municipios.

De ahí que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, estará facultado para realizar, subsidiariamente, la reparación inmediata de los daños ocasionados en el medio ambiente, con cargo al fondo previsto en la propia ley.

Incluso, a propuesta del ministro Alberto Pérez Dayán, las tomas clandestinas actualizan la obligación de las autoridades de seguridad pública de prevenir la comisión del delito y, en caso de que este haya sido concretado, realizar la investigación y persecución de los responsables.

Ello, toda vez que “no nos encontramos ante un derrame de residuos genérico, sino ante un derrame que tiene como origen la comisión de un delito, cuya prevención e investigación no compete a Petróleos Mexicanos, sino a las instancias correspondientes de seguridad pública”, señalaron.