Héctor Sebastián Arcos Calzada, politólogo por la Universidad de Guanajuato (UG), fue reconocido con una mención honorífica en el Concurso de Ensayo Político Alonso Lujambio, promoción 2017, organizado por el Centro de Estudios Alonso Lujambio del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

El ex alumno perteneciente a la generación 2011-2016 de la Licenciatura en Ciencia Política del Campus Guanajuato, participó en el certamen con el trabajo “Financiamiento político y elecciones: ¿Qué funciona, por qué falla y cómo podemos mejorar la regulación del dinero en la política”.

En este ensayo, Arcos Calzada parte de la aseveración de que la iniciativa “Sin Voto No Hay Dinero” es perjudicial, pese a que es altamente popular; posteriormente justifica el tema con argumentos de peso y propone tres puntos fundamentales respecto al dinero que se destina a la política.

A lo largo del texto, se explica que la distribución del recurso en 30/70 – 30 que está dirigido a las actividades y áreas de operación y el 70 distribuido según el porcentaje de votos obtenidos-, “promueve una inequidad, la cual favorece a los partidos titulares u ocupantes”.

En este sentido, el autor se plantea tres preguntas esenciales, ¿qué funciona, qué falla y por qué, cuando la regulación de dinero en la política se trata?, lo anterior a fin de exponer, “qué tipo de políticas podemos pensar para superar esa crisis de legitimidad de los partidos políticos en México, con base en esas preguntas, lo primero que hago es revisar el estado del tema en la actualidad y confrontarlo con evidencias de la Ciencia Política”.

A este respecto, la primera propuesta hecha por Sebastián Arcos es la introducción de un sistema de fondos equivalentes que sustituya al financiamiento público local que, afirma, “no tiene ninguna justificación”.

“Es decir los partidos políticos reciben dinero no sólo a nivel federal sino también a nivel local y esto último no tiene ninguna justificación, si se quiere que sea así, entonces hay que poner reglas donde tengan menos incentivos para acceder a esos recursos, ¿cuáles son?, pues que todo el financiamiento sea privado”.

Otra de las propuestas que hace, es que el financiamiento público esté atado a la cuota de género, “es decir que cierto porcentaje de los curules esté atado al financiamiento público, la experiencia internacional nos dice que está entre 20 y

30 por ciento, atar el financiamiento a la presencia de mujeres en la Cámara de Diputados tiene que ser otra salida importante para la representación política”.

Finalmente considera importante facultar al Instituto Nacional Electoral (INE) para promover iniciativas antes la Cámara de Diputados para regular la fiscalización del gasto político. Básicamente porque, “la Unidad de Transparencia y Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la cual se encarga de fiscalizar el gasto opera bajo tiempos y recursos humanos insuficientes (…) por ejemplo, en campañas ordinarias se tienen que revisar aproximadamente 25 mil informes de campaña en una fecha límite de 37 días después de la elección”.