• Presentan al Congreso del Estado de Guanajuato iniciativa de reforma al Código Penal.

Ante la necesidad de contar con un sistema de sanciones penales que, en primer lugar, asegure la prevención de las conductas relacionadas con la corrupción mediante la disuasión ante las penas establecidas y en segundo lugar, tipifique como delitos las conductas concretas que se pretende castigar, acorde a los objetivos del sistema estatal anticorrupción, a efecto de que no quede margen a la impunidad respecto de las conductas que se pretende establecer como tipos penales que se proponen, señaló la diputada Beatriz Hernández Cruz, presidenta del Congreso local.

La legisladora presentó la iniciativa de reforma al Código Penal, que tiene como finalidad “adecuar el Código Penal del Estado de Guanajuato a las reformas constitucionales y al marco legal secundario, proponiendo el establecimiento de tipos penales que hagan eficaz su aplicación, por parte de las instancias facultadas para ello, en contra de los servidores públicos y particulares que caigan en los supuestos jurídicos penales de corrupción y por ende que sean castigados”.

Destacó que se propone establecer los tipos penales que permitan castigar no sólo a quienes cometan delitos relacionados con la corrupción, sino que también es necesario regular y castigar a quienes estando encargados de la investigación, procuración de justicia y la fase jurisdiccional de este tipo de hechos se presten a cometer faltas que eviten el debido juzgamiento de los hechos de corrupción.

Además, la diputada Beatriz Hernández Cruz detalló que se propone el tipo penal de cohecho aplicable a los legisladores y miembros de los ayuntamientos que reciban o acepten promesas, dadivas o promesas para gestionar la asignación de recursos a favor de un ente público o el otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales; se aplicará prisión de dos a diez años, de cien a ciento cincuenta días multa e inhabilitación hasta por seis años para desempeñar cualquier función pública. Las sanciones serán aplicables a los particulares que participen en esta conducta.

Se adecua el delito de tráfico de influencias a efecto de prever aquellos casos en que participen en esta conducta los particulares; se propone incluir el delito de precavirato, con una pena de prisión de dos a ocho años y de cien a ciento cincuenta días multa.

“Se propone incluir la previsión de que a los responsables de delitos relacionados con corrupción les será aplicable la pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado o municipal hasta por un plazo de uno a veinte años”, apuntó.

Finalmente, la diputada Beatriz Hernández Cruz consideró que “la peor consecuencia de la corrupción es la impunidad, lo que ha traído como consecuencia la exigencia ciudadana de que se tomen todas las medidas posibles para castigar a quienes cometan conductas relacionadas con la corrupción”.