SAT va contra consumidores de gasolinas robadas

Investiga a empresas clientes de estaciones de servicio bajo sospecha de comprar y vender gasolina robada; Pemex también coadyuva en indagatorias.

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El Servicio de Administración Tributaria investiga empresas clientes de estaciones de servicio bajo sospecha de comprar y vender gasolina robada, para romper la cadena delictiva y fincar responsabilidades, reveló el jefe del Servicio de Administración Tributaria, Osvaldo Santín Quiroz.

«Las investigaciones son diversas, tienen que ver con los operativos que hemos estado realizando, y lo que estamos buscando es qué empresas han tenido operaciones con estas estaciones de servicio donde se pueda presumir que hayan consumido, comprado combustible robado, o bien, que estén también comprando o vendiendo facturas», dijo.

En entrevista, informó que, adicionalmente, Pemex realiza investigaciones orientadas a conocer si el consumo de combustibles realizado por algunas empresas coincide o no con la naturaleza del negocio, y si es consistente con las operaciones que realizan.

«Desde el punto de vista de Pemex, estamos identificando quiénes pueden justificar su nivel de consumo de combustibles dada la naturaleza de su negocio, y a partir de ahí también estamos iniciando investigaciones para confirmar la consistencia de lo que reportan como combustible comprado y su consumo razonable para su nivel de operaciones», aseveró.

El SAT, brazo fiscalizador de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargado de recaudar impuestos y de administrar los ingresos tributarios del gobierno federal, no ha estimado la pérdida recaudatoria por IEPS e IVA aplicados a gasolina robada. «No tenemos la estimación», respondió Santín Quiroz a una pregunta sobre cuánto se ha dejado de recaudar por ese concepto.

EMPRESAS FANTASMA

Al respecto, el jefe del SAT informó que el organismo a su cargo tiene identificadas a 70 mil empresas bajo sospecha de simular operaciones y expedir facturas presuntamente apócrifas por más de 900 mil millones de pesos, con posibles fines de defraudación.

«Tenemos identificado que estas empresas han facturado operaciones superiores a los 900 mil millones de pesos, no obstante, ese no es el monto de defraudación, en virtud de que esas facturar no tienen necesariamente una contraparte que pretenda deducirlas, es decir, todavía no tenemos una estimación precisa de cuál podría ser el impacto de evasión», sostuvo.

 

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