El presidente Donald Trump emitió este viernes una directiva para limitar una de las partes clave de la ley sanitaria de su antecesor, Barack Obama, y permitir que empresas y aseguradoras nieguen a sus empleados la cobertura gratuita de anticonceptivos por motivos religiosos.
La nueva norma emitida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos acaba con las partes más importantes de un mandato creado por Obama para obligar a las compañías a incluir la cobertura de control de la natalidad en los planes de salud que ofrecen a todos sus trabajadores.
Ahora, la directiva de Trump permitirá que cualquier compañía, incluidas universidades o aseguradoras médicas, dejen de ofrecer cobertura de anticonceptivos a sus empleados, una exención que previamente sólo incluía a las iglesias o casas de culto.
No obstante, altos funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos, bajo condición de anonimato, aseguraron que sólo unas 120 mil mujeres perderán acceso gratuito a los anticonceptivos, lo que significa que el “99.9 por ciento” podrá seguir beneficiándose de ellos, según sus cálculos.
Según estimaciones del Centro Nacional de Leyes de la Mujer, en 2013, Obama permitió a las estadunidenses ahorrar mil 400 millones de dólares en anticonceptivos orales.
En todo caso, la decisión de Trump supone el último giro en la lucha jurídica e ideológica que ha rodeado durante años el mandato para la cobertura gratuita de anticonceptivos de la Ley del Cuidado de Salud Asequible, conocida como «Obamacare», proclamada en 2010 y que Trump prometió derogar durante su campaña presidencial.
En respuesta, la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU por sus siglas en inglés) y el Centro Nacional de Leyes de la Mujer anunciaron que interpondrán una demanda contra Trump por discriminar a las mujeres y violar las cláusulas de la Constitución que garantizan la igualdad de derechos y la separación entre iglesia y Estado.
«Esta es una afrenta a los derechos de los mujeres y estamos preparados para ver al Gobierno en los tribunales», amenazó Brigitte Amiri, abogada de ACLU durante una conferencia de prensa telefónica.
Grupos profesionales, como Médicos a Favor de la Elección y la Salud Reproductiva, rechazaron la decisión de Trump y alertaron de un retroceso en la prevención de embarazos no deseados, cuyo número descendió en el siglo XX gracias, precisamente, al acceso a anticonceptivos, según dijo la doctora Tracey Wilkinson durante la conferencia de prensa.
Para responder a las previsibles demandas, el Departamento de Justicia emitió hoy mismo dos memorandos, en los que comunica a los abogados del Gobierno cuál es el marco legal y los principios que deben seguir para actuar en las cortes ante casos relacionados con la libertad religiosa.
El cambio en la política sobre anticonceptivos permite al magnate cumplir con promesas que hizo como candidato y que repitió, por ejemplo, en mayo pasado, cuando firmó una orden ejecutiva para defender la libertad religiosa en la Casa Blanca en presencia de la congregación católica de las Hermanitas de los Pobres.