La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer las verificaciones y evitar abusos en la venta de combustibles.
Como parte del convenio, firmado por el comisionado presidente de la CRE, Guillermo García Alcocer, y el procurador Ernesto Nemer, ambas instituciones pueden imponer sanciones a las empresas que no reporten precios a la CRE o que vendan combustibles por encima del precio máximo establecido.
Además, la Profeco notificará a la comisión cuando detecte el incumplimiento de los precios máximos y cuando éstos no sean iguales a los reportados por los permisionarios. Además impondrá sanciones a las gasolineras cuando no despachen litros completos.
Cuando las estaciones vendan gasolinas y diésel a un precio mayor al máximo, distinto al reportado a la autoridad o no respeten los términos y condiciones establecidos en los permisos que otorga la CRE, entre ellas, las de tener los precios visibles, dicha instancia podrá sancionar con multas de hasta 24 millones de pesos conforme a la Ley de Ingresos 2017 y la Ley de Hidrocarburos.
Además, según la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Profeco podrá aplicar multas de hasta 4.1 millones de pesos, que se pueden duplicar en caso de reincidencia. De negarse a ser verificados, la dependencia federal puede presentar denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR).
En términos del artículo 253 Fracción III del Código Penal Federal, contempla una sanción de hasta 10 años de prisión por presuntos delitos contra la economía pública y multas de hasta 8.2 millones de pesos.
En materia de gas LP, permisionarios y distribuidores pueden ser acreedores a multas de hasta 22.6 millones de pesos cuando no tengan los precios visibles o vendan a un precio mayor al reportado a la CRE. Además, cuando un permisionario no reporte sus precios a la Comisión, se hará acreedor a una multa de hasta 11.3 millones de pesos, según lo establece la Ley de Hidrocarburos.
Los permisionarios de gas LP que se nieguen a la verificación de la Profeco pueden ser sancionados hasta con 10 años de prisión por presuntos delitos contra la economía pública y multas de hasta 8.2 millones de pesos.
Con la firma del convenio, la CRE dará acceso a Profeco a la información referente a los precios al público de los combustibles, así como a los volúmenes de compra y venta en las actividades de distribución y venta.
