Beatriz Hernández Cruz, presidente municipal de Salamanca, acompañada de la Secretaria del Ayuntamiento, Karla Alejandra Escárcega Robledo, el Tesorero Humberto Razo Arteaga y el contralor municipal Miguel Enrique Cordero Saucedo, dio a conocer la mañana de este lunes un informe de la situación en que se le entregó la administración pública de Salamanca, a la que llegaron el pasado 10 de octubre de este año.
Hernández Cruz resaltó que tras el primer análisis realizado la administración encabezada por Antonio Arredondo dejó a la administración pública de Salamanca en una crisis financiera, sin recursos para la operatividad y la atención de los servicios diarios.
«En primer lugar, he de comunicarles que encontramos a la administración pública de salamanca, con un adeudo grave en diferentes conceptos que desgloso a continuación . . .» detalló la alcaldesa enlistando las siguientes irregularidades:
En materia de deuda la administración pública de Salamanca tras la administración de Antonio Arredondo quedó con una deuda de 206 millones de pesos .
Al 30 de septiembre de este año, el municipio tienen una deuda cercana a los 59 millones de pesos, recurso público que se debe a proveedores por pagar a corto plazo, entre los cuales se encuentran contratistas de obra pública, servicios personales, retenciones y contribuciones, entre otras cuentas por pagar.
Arredondo Muñoz también dejó un adeudo en pasivos laborales, que asciende a 10 millones de pesos; agregando a esto también hay una deuda de 21 millones de pesos por concepto del convenio de colaboración y coordinación en materia de Seguridad Pública.
En suma, las cantidades señaladas dan un total de deuda por 90 millones de pesos, a la que se tiene que sumar la deuda financiera contraía por las últimas administraciones salmantinas que asciende a 116 millones de pesos.
Esta deuda en total de de 206 millones de pesos supera por mucho la capacidad financiera de Salamanca dijo en la conferencia de prensa Beatriz Hernández Cruz.
«Nos han dejado un municipio con crisis financiera. Sin recursos para sacar adelante la operatividad y los servicios diarios que demanda nuestra ciudad, la cuarta más importante del estado» dijo.
La alcaldesa dio a conocer las inconsistencia que se detectaron y que considero más delicadas en áreas como Seguridad, alumbrado, recolección de basura, relleno sanitario, estado de las calles, obra pública, entre otras.
En materia de recursos humanos
Se detectaron a 72 servidores públicos que cobraban su salario sin que existiera evidencia de su trabajo o incluso de su asistencia física en las áreas a las que estaban asignados, de una revisión de al menos 200 expedientes de servidores públicos, ninguno tiene su expediente completo para ingresar y trabajar en la administración pública, lo que evidencia el desorden administrativo en la estructura laboral.
«Un tema por demás delicado. Máxime que, como autoridad, estamos obligados a ser los primeros en cuidar y cumplir puntualmente con todos los procesos que nos dicta la ley, relacionados con la contratación de un trabajador» comentó.
Retenían a los trabajadores para pagar a ex funcionaria
Desde diciembre del año 2017, aparece en los registros contables de la administración municipal una retención vía nómina a los trabajadores de presidencia; realizada bajo el concepto de pagos a terceros por una cantidad mensual de alrededor de 53 mil pesos, de acuerdo con los registros, ese pago mensual se entregó a través de cheques durante casi un año en favor de una persona identificada como Ana María Rangel Frías, quien fungió como directora de COMUDE en la administración de Justino Arriaga Rojas (2012-2015).
«En ningún documento se justifica la retención de ese recurso, tampoco se detallan las funciones, servicios o actividades que realizó esta persona para el municipio; El recurso público mensual que recibía este particular, del cual no existe constancia del servicio que prestaba, supera el salario de muchos funcionarios de la administración pública municipal, » puntualizó Hernández Cruz.
Seguridad Pública
La alcaldesa salmantina también informó que en el área de Seguridad Pública hubo una serie de despilfarro y uso irracional de los recursos; entre otras cosas informó que en el año 2016, se adquirieron 269 cámaras fotográficas que costaron alrededor de 600 mil pesos; de las cuales hay un faltante de 43 unidades, y el resto se encuentra almacenado, sin uso, compra que no tenía una razón de ser.
«Lo anterior es una afectación a las finanzas del municipio, pues este recurso pudo aplicarse en acciones que verdaderamente repercutieran en mejorar la seguridad de los salmantinos» comentó.
En el 2016, se adquirieron 30 kits de operación de primer respondiente para patrullas con un costo individual de 5 mil pesos y 239 kits de operación (para los elmentos que están a pie tierra), con un costo unitario de 3 mil pesos; por un importe total de casi un millón de pesos, ninguno de estos kits existe, ni en el inventario, ni en el convenio con el mando único.
Otra irregularidad, también registrada en 2016, es el pago realizado a un solo proveedor por un monto de 7 millones de pesos, para adquirir uniformes y chalecos balísticos, compra que la actual alcaldesa calificó de irregular ya que debió haberse licitado y para evitarlo se fraccionó en cuatro contratos, gasto desmedido, a todas luces preferencial para unos cuantos, no fue exclusivo de equipo táctico.
En el año 2015, también del recurso de seguridad, se adquirieron 12 equipos de cómputo, con un monto total de 263 mil pesos, además se compró equipo de gimnasio, por un monto de 190 mil pesos, esta administración no localizó físicamente estos bienes en ningún inventario.
Las anomalías continuaron en el año 2017, la administración municipal contrató un software y una aplicación móvil para multas, además adquirió 18 paquetes de impresoras con mochilas. En estas compras se gastaron más de un millón de pesos y ninguno de los productos fue utilizado.
«Las aparentes compras infladas, también representaron una práctica habitual en el gobierno anterior, muestra de ello, es la compra de cuatro computadoras hp de escritorio elite desk, por un monto de 180 mil pesos, es decir, por cada una se pagaron 45 mil pesos» detalló.
La administración de Antonio Arredondo también por cuatro mesas de trabajo, pagó 55 mil pesos, cada una costó 14 mil pesos, por 20 sillas se erogaron 140 mil pesos, es decir, cada silla costó 7 mil pesos y por 60 literas individuales con su colchón, se pagaron 375 mil pesos, a un precio individual aproximado de 6 mil pesos.
Academia de Policía
La ineficacia en el ejercicio del recurso público, el gasto desmedido y sin sustento, alcanzó a la entonces academia de policía.
De 2016 a 2018, se impartieron 31 cursos de capacitación; con costos elevados, como ocurrió en el año 2018, con el curso “proyecto jóvenes en acción”, que costó dos millones de pesos y cuya participación no rebasó los 100 asistentes. En los documentos referentes a este curso, no hay constancia de certificación de la persona que lo impartió.
En la academia, se tienen registrados como cadetes graduados: en 2015, 21; 2016, 76; 2017, 25; en 2018 no se graduó ninguno. Lo que refleja con toda claridad, la falta de resultados.
«Les reitero una vez más que el compromiso de este gobierno es trabajar sin descanso para dar buenos resultados a la ciudadanía. Como lo he dicho siempre, no voy a evadir mi responsabilidad, ni voy a simular las cosas, hablaremos siempre con claridad, dando la cara y escuchando a los salmantinos, en un trabajo permanente y cercano a ellos.
Conocemos bien y nos queda claro la exigencia de los salmantinos por poner fin a la corrupción, el mayor cáncer que existe, ya que la ciudadanía ha sido tajante: mano firme con todas aquellas prácticas que representen un abuso del poder», estamos decididos a erradicar la corrupción y la impunidad» finalizó Beatriz Hernández Cruz.
