¡Vivos se los llevaron!, ¡Vivos los queremos!

Por: Alberto Reyna García

Desde hace algunas décadas el gobierno neoliberal ha lanzado una ofensiva contra las normales rurales, las escuelas que preparan profesores de origen campesino, inspiradas en el proyecto de la Revolución Mexicana, y vinculadas a propuestas sociales y productivas de beneficio con su comunidad, resistiendo a los intentos de desaparecerlas. Hoy solo quedan 16 normales rurales cuyos estudiantes luchan defendiendo su espacio educativo, demandando recursos para el cumplimiento de sus fines y la inclusión laboral como profesores en sus comunidades.

La escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, es una de esas escuelas combativas. Sus estudiantes agrupados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), realizan una labor permanente de formación profesional docente, organización de cuadros, capacitación política y vínculo con la comunidad, sufriendo en numerosas ocasiones la represión violenta por parte de autoridades locales, estatales y federales.

El 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de Ayotzinapa fueron agredidos brutalmente por la policía local, con la participación de fuerzas federales y la omisión complaciente del Ejército y al parecer en contubernio con el crimen organizado, dejando como resultado tres normalistas ejecutados extrajudicialmente y 43 víctimas de desaparición forzada.

En respuesta, las familias y la sociedad mexicana demandaron inmediatamente la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos, el esclarecimiento de los hechos y el castigo ejemplar a los responsables; pero el gobierno deliberadamente ha sido negligente y omiso en la investigación, pretendiendo engañar con una falsificación de los hechos a la que llamó verdad histórica con el propósito de dar carpetazo y apostar al olvido.

Pero el gobierno federal se equivoca al pensar que los padres van a abandonar la lucha por encontrar a sus hijos, dando ejemplo de combatividad, tenacidad, perseverancia y compromiso de lucha al pueblo mexicano.

La magnitud del hecho cometido ha llamado la atención internacional incluyendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual en su última sentencia [1] menciona diversas inconsistencias, entre otras las siguientes:

“Por otra parte, el Mecanismo observa que sigue pendiente determinar el grado de participación en los hechos de la policía federal, del Ejército, las policías municipales y las autoridades estatales” y “En cuanto a las investigaciones internas, la CIDH continuará dando seguimiento a las investigaciones realizadas sobre las graves denuncias de tortura, sobre denuncias de ocultamiento de pruebas, así como al presunto intento de infección de malware a distintas personas defensoras de derechos humanos vinculados al caso”.

Ayotzinapa no es un hecho aislado, hay una larga lista de crímenes y asesinatos perpetrados por el Estado, Tanhuato, entre otros, como muestra del grado de descomposición a que ha llegado el Estado neoliberal, reprimiendo a dirigentes populares, criminalizando la lucha social y cobijando la impunidad y corrupción.

Desde aquí, reiteramos la exigencia al estado mexicano de esclarecer los hechos de Ayotzinapa, para dar garantías de no repetición y de protección a las familias de las víctimas. Nos solidarizamos plenamente con las familias de los 43 en la búsqueda de sus hijos y exigimos justicia, castigo a los responsables y la presentación con vida de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, como establecen en su lema:

¡NI PERDÓN NI OLVIDO! ¡JUSTICIA!

[1] Consulta en línea: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/126.asp