Desventajas y discriminación múltiple enfrentan las mujeres con capacidades diferentes, pues 72.3% no realiza ninguna actividad económica, lo que les impide contar con ingresos para adquirir bienes y servicios mínimos y deriva en dependencia, aislamiento y exclusión.

De acuerdo con el Informe Sombra Sobre la Situación de las Mujeres con Discapacidad en México, sólo 27.6 por ciento de las mujeres con capacidades diferentes en el país son económicamente activas, en comparación con 52.9 por ciento de los hombres con discapacidad.

El estudio, elaborado por la organización civil Transversal Acción Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, detalla que las mujeres que consiguen un empleo lo hacen en puestos de baja calificación, con desprotección salarial y una importante brecha de ingresos laborales.

En este sentido, el análisis destaca que de manera general las personas con capacidades diferentes perciben apenas 66.5 por ciento de lo que ganan personas sin alguna discapacidad.

En materia de salud, señala que no existe perspectiva de género y discapacidad, lo que deriva en discriminación, sobre todo en lo relacionado con el consentimiento informado, es decir, aquel que considera informar a las personas con capacidades diferentes los tratamientos médicos que les serán suministrados; sin embargo, existen ambigüedades en la legislación.

Asimismo, explica que las personas con capacidades diferentes tienen ciertas restricciones en cuanto a su capacidad jurídica, lo que resulta en segregación e imposibilidad de proveerse de servicios médicos con enfoque de consentimiento libre y de género.

En el caso de las mujeres con capacidades diferentes, lo anterior puede derivar en casos de esterilización forzada, tratamientos irreversibles y limitado acceso a salud reproductiva en igualdad.

El informe, que considera datos emitidos por instancias gubernamentales como el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, señala que las mujeres con discapacidad no ejercen su derecho a la educación en igualdad de condiciones.

Así, el promedio de escolaridad en mujeres con capacidades diferentes de más de 15 años de edad es de 5.0 grados en comparación con los 5.7 grados de los hombres con esta condición y 9.8 de la población en general.

Incluso, 25.8 por ciento de las mujeres con capacidades diferentes son analfabetas, en relación con 19 por ciento de los hombres y 3.8 por ciento de la población sin discapacidad, lo que se suma a la falta de acciones para prevenir y combatir la discriminación interseccional, la ausencia de información al respecto y de datos actualizados.