Con los votos en contra del Movimiento Ciudadano, y divididos del PAN y PRI, con 91 votos a favor, 18 en contra y cero abstenciones, el Pleno aprobó reformar el artículo 19 constitucional para crecer el catálogo de siete a 19 delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, como corrupción, huachicoleo, abuso sexual, desaparición forzada de personas y delitos cometidos con armas. Puso como cláusula que en cinco años se deberán evaluar los resultados de esta política para determinar si continúa o no.

«Estamos haciendo un compromiso para que el Congreso de la Unión, este mismo que está iniciado este proceso de reforma constitucional, analice en los próximos cinco años, y antes de que concluya nuestra Legislatura, tomando en cuenta los diagnósticos e informes en materia de incidencia delictiva y de seguridad pública elaborados por el Sistema nacional de Seguridad Pública, la continuidad de esta medida excepcional y si las condiciones que hoy la motiva, mejoran, suprimirla tal como recomiendan diversas organizaciones y colectivos en materia de derechos humanos”, comentó el senador de Morena, José Antonio Álvarez Lima, en nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Instancias como la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos solicitaron este mes a los senadores no ampliar el catálogo porque “sería la primera contrarreforma constitucional” al sistema procesal penal.

La reforma faculta al ministerio público a poder solicitar al juez la prisión preventiva oficiosa por  abuso o violencia sexual contra menores, uso de programas sociales con fines electorales, robo de transporte, por desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.

También por delitos feminicidio, robo a casa habitación, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de sus funciones, en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, delitos por robo de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos. El dictamen fue enviado al Pleno para su discusión y votación.