Por: Alfonso Díaz Rey
En recientes declaraciones, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza, expresó ante empresarios, funcionarios públicos y «representantes» de trabajadores, que nuestro país se convertirá en un paraíso para la inversión, siempre y cuando se cumpla la «paz laboral».
Tal declaración se emitió en el acto en que se firmó el Acuerdo para el Diálogo Social y la Paz Laboral, que suscribieron los sectores privado, obrero y los gobiernos de los 32 estados del país.
Para el sector privado, tal acuerdo tiene como finalidad la protección de la competitividad [1], y sabemos bien lo que eso significa en un sistema en el que la inversión de capital busca siempre la máxima ganancia.
En aras de esa ganancia los trabajadores del país deben garantizar la paz laboral, es decir, comprometerse a aceptar las condiciones que imponga el capital para que éste encuentre su paraíso en México. Visto así, pareciera que tal paz laboral dependiera exclusivamente de los trabajadores y no de sus condiciones de vida y de trabajo, que son la causa de los problemas laborales.
En el acuerdo, los trabajadores estuvieron «representados» por Carlos Aceves del Olmo, Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y Presidente del Congreso del Trabajo, además de miembro del Partido Revolucionario Institucional.
Los trabajadores sabemos, porque la hemos padecido, lo que es la CTM, organización que desde el gobierno de Miguel Alemán Valdés (1946-1952) ha servido para ejercer el control sobre la clase obrera mexicana, mantener la paz laboral y evitarles problemas a empresas y empresarios en la búsqueda y obtención de sus ganancias.
Tras la derrota de los candidatos de la oligarquía en la elección federal del 1 de julio de 2018 con el triunfo de López Obrador, se crearon expectativas para el cambio en el país por el que votamos la mayor parte de quienes acudimos a las urnas en aquella fecha.
Aun cuando ciertas acciones del actual gobierno muestran maneras diferentes en cuanto a la administración pública, como la lucha contra la corrupción, de alguna manera afectan intereses y generan oposición de segmentos del grupo que detenta el poder económico, sus administradores y de elementos de la burocracia que se beneficiaban con las anteriores prácticas viciadas.
No olvidemos que la parte fundamental de todas las reformas neoliberales, incluida la laboral, para entregar el país al capital privado y permitir la mayor explotación de la naturaleza y los trabajadores, sigue vigente; lo que condiciona en muchos aspectos al nuevo gobierno para la solución de viejos y nuevos problemas.
Otro aspecto a considerar y quizá de la mayor importancia, a juicio del autor de estas líneas, es el tipo de sistema económico en el que vivimos: el capitalismo; en el que operan leyes objetivas, no escritas, que mantienen un estado de cosas siempre adverso para las mayorías, beneficiando únicamente a un pequeño grupo de propietarios y sus administradores.
Tengamos presente que la riqueza de una sociedad tiene una sola fuente: el trabajo; es creada por los trabajadores del campo y la ciudad, los manuales e intelectuales, y que la desproporcionada riqueza de algunos es producto de la apropiación y explotación del esfuerzo de muchos.
Mientras vivamos en el capitalismo, la tendencia será convertir al país en un paraíso para los inversionistas y, en la otra cara de la moneda, los trabajadores viviremos eternamente en la búsqueda de la manera de hacer menos insoportable la moderna esclavitud y seguir luchando por abolirla.
La situación puede cambiar, no será fácil, pero tampoco imposible. Requiere de consciencia, organización y determinación.
La salvación está en nosotros, los trabajadores.
[1] Periódico La Jornada, miércoles 1de mayo de 2019, p. 15
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