Con el objeto de logar una mayor ampliación a la cobertura de seguridad social, la diputada María Magdalena Rosales Cruz integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.
Al dar lectura a la exposición de motivos del documento, la congresista señaló que la seguridad social no era una dádiva de los gobiernos o de los empresarios a la clase trabajadora, sino un derecho, que como muchos otros se conquistaron y tenían fundamento en el estado de incertidumbre en la que se encuentran todas las personas.
En ese sentido, señaló que el sistema de seguridad social en la entidad establecía que las trabajadoras y los trabajadores que se encontraban en el régimen de seguridad social, al cumplir el primer año cotizado, tienen derecho a solicitar algunas de las prestaciones establecida en la ley, ya sea desde un préstamo personal o uno con garantía hipotecaria, ésta última con la finalidad de empezar a construir su propio patrimonio y así cristalizar el derecho a una vivienda.
Rosales Cruz precisó que los créditos hipotecarios eran deudas a largo plazo que, ante todo, exigían formalidad. Sin embargo, afirmó que, durante el tiempo del contrato, era posible que los derechohabientes puedan enfrentar diversas situaciones desafortunadas como la pérdida de su empleo, lo cual les puede generar desajustes financieros considerables.
“Consideramos importante que cuenten con un seguro de desempleo, toda vez que esta situación se convierte en un asunto vital, ya que pone en riesgo sus condiciones de vida”, indicó.
Asimismo, afirmó que cuando un trabajador que tiene adeudo con el ISSEG se enfrenta al desempleo vive una situación compleja porque se ven presionados por realizar de inmediato abonos o mensualidad de dicha deuda, y al no tener la posibilidad de pagar se les empiezan a cobrar de sus cuotas, repercutiendo en su tiempo de cotización registrado, lo que vulnera el principio y derecho constitucional de tener garantizada una vivienda digna.
“Consideramos que es menester que los trabajadores al perder su trabajo, se contemple un esquema denominado <<seguro de desempleo>> para que tengan un lapso de hasta 12 meses para ponerse al corriente”, enfatizó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su dictaminación.
