DERROCHE EN PUBLICIDAD DURANTE ADMINISTRACIÓN DE MÁRQUEZ, LLEGA A LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN.

Incluye la revisión a la contratación de FBM Comercializadora, empresa que fue boletinada como fantasma.

 Al finalizar la administración de Miguel Márquez Márquez, la exsecretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas, Isabel Tinoco Torres, remitió a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción las resultas de la auditoría que efectuó a la Coordinación de Comunicación Social.

A la fiscalía que está a cargo de Marco Antonio Medina Torres arribaron las derivaciones de la auditoría del 2014 al 2017, que incluye todo el periodo que estuvo al frente de la coordinación Enrique Avilés Pérez.

Durante la sesión del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, el fiscal anticorrupción informó que fue el 25 de septiembre, un día antes de que concluyera la gestión de Márquez, cuando recibió la información que le envío Isabel Tinoco, por lo que inició una carpeta de investigación sin profundizar en detalles.

La investigación iniciada quedó con el número 6503 en la Fiscalía Anticorrupción por las irregularidades detectadas en la auditoría que practicó la Secretaría de la Transparencia a la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, en la que se incluye la revisión a la contratación de FBM Comercializadora, empresa que fue boletinada como fantasma.

Sin dar detalles de los hallazgos que motivaron la investigación penal en la fiscalía, Medina Torres solo mencionó que por el caso FBM Comercializadora se tenía la investigación en curso.

Aunque se terminó con la auditoría desde antes del cambio de gobierno, unas semanas después de asumir la titularidad de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, Marisol Ruenes Torres, desconocía el estatus de la investigación.

Incluso, el 20 de octubre pasado el vocero de la dependencia daba a conocer que habría solo responsabilidades de tipo administrativas por los resultados de la revisión, cuando el caso ya era investigado por presumirse la comisión de delitos de tipo penal.

Además de la auditoría que realizó la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, se acumula la revisión que se realiza desde la ASEG, a solicitud ciudadana por el manejo de los recursos públicos al otorgar convenios publicitarios.

 

 

 

 

 

 

 

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