El concierto de Lucero, de apenas 40 minutos, costó 5.3 millones de pesos al erario estatal.

Un gasto que, lejos de celebrarse, generó fuertes críticas por parte de la ciudadanía por su carácter exclusivo y por el contraste con las carencias culturales que viven comunidades enteras.

De acuerdo con ciudadanos, el evento fue restringido, es decir, solo invitados selectos disfrutaban del espectáculo, lo que generó indignación ante un trato desigual en los asistentes. Así mismo, la población recordó que con esa misma cantidad podrían financiarse talleres, festivales comunitarios y proyectos que sí llegan a la gente.

Colectivos culturales denunciaron que el pago a Lucero equivale al presupuesto anual de programas que buscan sostener la vida cultural de barrios y municipios. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo abrir un diálogo con los sectores inconformes, subrayando que el debate no es sobre una cantante, sino sobre cómo se entiende la inversión pública en cultura.

La indignación se mezcla con la exigencia ciudadana de transparencia y de un modelo cultural que priorice a la gente antes que a los espectáculos de «élite».