La Comisión de Justicia aprobó la metodología para el análisis de la iniciativa de Ley para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el Estado de Guanajuato; y reformas al Código Penal del Estado de Guanajuato.

La mecánica consiste en turnar la iniciativa a los 36 diputados; al Supremo Tribunal de Justicia; a la Fiscalía General; a la Procuraduría de los Derechos Humanos; a la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado; y a los 46 ayuntamientos, quienes tendrán un plazo de 15 días hábiles para enviar sus comentarios.

Asimismo, se solicitará a la Unidad de los Estudios de las Finanzas Públicas un estudio de impacto presupuestal; además se habilitará una liga en el portal de internet del Congreso del Estado para facilitar su consulta. Finalmente, la Comisión determinará el dictamen de la iniciativa.

En otro punto del orden del día, se acordó la elaboración del dictamen en sentido positivo de la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato, en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, presentada por el Gobernador del Estado, con participación del Supremo Tribunal de Justicia, de la Fiscalía General y de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado.

Cabe señalar que al inicio de la reunión se contó con la participación de los representantes del Supremo Tribunal de Justicia, de la Fiscalía General y de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado, quienes externaron sus comentarios sobre la propuesta legal anteriormente mencionada.

En el diálogo que sostuvieron los integrantes de la Comisión con los funcionarios se abordaron temas como la definición de ciertos términos: pretensión, indicios fundados, penas y punibilidad, entre otros.

Participaron en la reunión las diputadas Cristina Márquez Alcalá (presidenta), Vanessa Sánchez Cordero, Alejandra Gutiérrez Campos y Jessica Cabal Ceballos, y el diputado Ernesto Prieto Gallardo. También estuvieron presentes representantes del Supremo Tribunal de Justicia, de la Fiscalía General y de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado.