En sesión ordinaria, la diputada Ma. Carmen Vaca González integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato, a fin de sancionar a quienes exijan cuotas escolares.

En la exposición de motivos, la diputada explicó que la iniciativa señaló que es evidente el cobro de cuotas por parte de las autoridades escolares a cambio del ingreso, la permanencia, aplicación de evaluaciones, retención y expedición de documentos a cualquier persona, por lo que resultó necesario realizar una adecuación al marco normativo en cuestión para sancionar a quien incurra en dicha actividad.

En este sentido, comentó que el cobro de cuotas escolares atenta contra los principios de accesibilidad y gratuidad de la educación.

“En mi consideración es evidente que los principios de accesibilidad como de gratuidad previstos en el artículo 3 de la Constitución Federal y del Estado de Guanajuato, así como de los instrumentos internacionales mencionados con antelación, con la existencia en los hechos de las cuotas voluntarias se ha trastocado, dado que los funcionarios de las escuelas limitan, condicionan y restringen a los padres de familia el derecho humano y fundamental a la educación gratuita que sus hijos tiene reconocidos en la Carta Magna y la de nuestra entidad federativa”, dijo.

La legisladora indicó que la iniciativa contempla que al servidor público que, con tal carácter, exija por si o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquier otra cosa que sepa no ser debida o en mayor cantidad señalada por la ley, se le aplicará de uno a ocho años de prisión y de diez a ochenta días multa; en caso de que lo exigido indebidamente se convierta en provecho propio o de un particular, la pena será de tres a nueve años de prisión y de treinta a noventa días multa.

Además, establece que en los casos de que el funcionario público exija por si o por interpósita persona, la entrega de cuotas en los planteles públicos de educación a cambio del ingreso, permanencia, aplicación de exámenes y la retención o expedición de documentos, la pena se aumentará hasta en dos terceras partes.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.