Con el fin de evitar cualquier tipo de discriminación de los trabajadores, el dictamen aprobado suprime los términos “mujer trabajadora”, «trabajador viudo o divorciado”, “madres aseguradas».

Con 439 votos a favor, el pleno de la Cámara de Diputados avaló reformas a la Ley del Seguro Social para que los hombres padres de familia puedan gozar del servicio de guardería para sus hijos.

El dictamen que pasó al Senado para su análisis, discusión y eventual aprobación, plantea reformas a los artículos 201 y 205 de la legislación referida, a fin de garantizar que no haya discriminación hacia los trabajadores, por condición de género o estado civil, en el acceso a los servicios de guardería. 

El dictamen deriva de cinco iniciativas presentadas entre julio de 2018 y febrero de 2019. Una del Congreso de Chihuahua; tres de diputados del PAN, Morena y PT, de la actual Legislatura, y una más de un diputado del PRI de la pasada Legislatura.

El dictamen suprime los términos “mujer trabajadora”, «trabajador viudo o divorciado”, “madres aseguradas”, “los que conserven la custodia de sus hijos mientras no contraigan matrimonio o se unan en concubinato”, para sustituirlos por el concepto de “personas trabajadoras aseguradas”.

La redacción actual de la ley restringe el derecho al servicio de guarderías por condición de género, con lo cual se violentan los derechos de la niñez, el interés superior de niñas y niños, así como la protección y bienestar de los trabajadores y sus familias, señala el dictamen elaborado por la Comisión de Seguridad Social. 

Durante la discusión, la diputada María Guadalupe Castañeda, de Morena, presentó una propuesta de modificación al dictamen para establecer que la incorporación de los derechohabientes a los servicios de guardería será de manera gradual.

Su propuesta, avalada por el pleno camaral suprimió dos de los tres artículos transitorios que tenía el documento, y en su lugar estableció:

“El Instituto (Mexicano del Seguro Social) ejercerá las atribuciones y obligaciones derivadas del presente decreto de manera que, con sujeción a las disponibilidades presupuestales, se realice una incorporación gradual de los derechohabientes a los servicios que se establecen en el mismo, elaborando previamente un programa piloto para medir los impactos de éste en los servicios y operación del Instituto”. 

Con información de Milenio