El exdirector de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas y Administración (2006-2012), Eduardo García Sánchez, fue sentenciado a 11 años de prisión por un fraude que asciende a los 27 millones de pesos, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
La dependencia ventiló que su cómplice, Laura María Jaramillo Esparza Farías, fue sentenciada a cinco años y seis meses de prisión por un fraude superior a cuatro millones 773 mil pesos.
La Fiscalía recordó que en noviembre de 2012 se detectaron compras ilícitas de productos a precios inflados.
“Descubriéndose así el fraude y la red de corrupción en la que estuvo coludido uno de los funcionarios que laboraba en la Secretaría de Finanzas y Administración, siendo el sentenciado quien estructuró la forma en que tres empresarias participaron en la comisión del delito antes mencionado, que superó los veintisiete millones de pesos”, detalló.
Recordó que en julio de 2013 fue emitida la orden de aprehensión contra el exfuncionario y en julio del 2016 fue detenido.
“El Juez emitió la sentencia condenatoria por el delito de fraude, por el que Eduardo García Sánchez purgará una pena privativa de la libertad de 11 años, así como el pago de 25 millones 303 mil 841 pesos a Gobierno del Estado”, señaló.
Agregó que Laura María Jaramillo Esparza Farías, fue condenada a cinco años y seis meses de prisión y tendrá que pagar 4 millones 773 mil 452 pesos por reparación del daño.
El ex funcionario de la administración (2006-2012), encabezada por el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, estaba en la lista de los 10 criminales más buscados por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJE).
La red de corrupción de García Sánchez fue descubierta porque gastó 1.2 millones de pesos para comprar 480 megáfonos a precios inflados.
En el año 2013, la PGJE informó que derivado del fraude habían arrestado a Carlos Alonso Aguilera Rangel, Laura María Jaramillo Esparza Farías, Melanie Micheline Martínez Burstín Presseq, Clara Torres Vega, Marcela Guiza Bravo, Marco Antonio Rolón García y Roberto Carlos Rodríguez Pardo.
Las siete personas y el exfuncionario usaban a las empresas Maedal Comercializadora, Omniprov y Soluciones de Tecnología Avanzada para cometer el fraude millonario entre el año 2009 y principios del 2013.
A principios de diciembre del 2013, el juez único penal del municipio de Guanajuato liberó por falta de pruebas a Marcela Guiza Bravo y a Roberto Carlos Rodríguez, socios de Omniprov y Soluciones de Tecnología Avanzada. En esa fecha, se dictó formal prisión a Carlos Alonso Aguilera y a Clara Torres Vega.
Fuente/La Jornada/Carlos Cisneros
