El gobierno del estado de Guanajuato le ha arrebatado 18 millones 605 mil 403 pesos en inmuebles y terrenos a distintos grupos criminales, gracias a que del 2012 a la fecha obtuvo a su favor la sentencia de extinción de dominio de 21 propiedades, mismas que eran utilizadas para cometer algún delito como el secuestro, la trata de personas, entre otros.
Los datos recabados por MILENIO se desprenden de una solicitud de acceso a la información pública atendida por el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, y marcada con el folio 01420619, en la cual se engloba información de los juzgados especializados en extinción de Dominio de Guanajuato.
El Juzgado Segundo Civil de Partido Especializado en Extinción de Dominio de Guanajuato ha obtenido nueve sentencias en favor del estado en este tipo de procedimiento. Se destaca el apoderamiento de una finca ubicada en la Congregación de la Aldea, en Silao, que tiene un valor estimado de 9 millones 371 mil 500 pesos y una superficie de 391 metros cuadrados, además de una propiedad en el Ejido Puente Grande, en Valle de Santiago, cotizada en 853 mil 670 pesos.
En este mismo juzgado también se logró quitarles a los delincuentes los derechos sobre un terreno ubicado en el kilómetro 12 de la carretera San Francisco-León, con valor de 260 mil 694 pesos, un inmueble en el Fraccionamiento San Marcos, en León, con valor de 212 mil 630 pesos, tres fincas más (dos en León y una en Salamanca) que en conjunto tienen un avalúo de 152 mil 593 pesos, mientras que las dos propiedades restantes no cuentan con una estimación acerca de su costo.
Por su parte, el Juzgado Primero Civil de Partido y Especializado en Extinción de Dominio de Guanajuato, ha logrado 12 sentencias en favor del estado, siendo la más importante una propiedad de 2 millones 70 mil 642 pesos, ubicada en la comunidad Cuarta Brigada, de Irapuato, le sigue un inmueble ubicado en la zona centro de Silao, valuado en un millón 366 mil 338 pesos y otra en San Diego de la Unión que tiene un precio de un millón 230 mil 920 pesos.
En Salvatierra se obtuvo una propiedad de 659 mil 361 pesos, la cual se encuentra en la colonia Álvaro Obregón, hubo otro inmueble con un valor de 574 mil 215 pesos, de la cual solo se indicó que se encuentra en la colonia El Campanario, más no se detalló en qué municipio se localiza.
En el Juzgado Primero también se logró el apoderamiento de cinco propiedades que en suma dan un millón 852 mil 840 pesos, mismas que se encuentran en León, Irapuato, Cortázar, y Apaseo el Grande, mientras que los bienes restantes no cuentan con una valuación.
El nombre de lo anteriores propietarios no se puede hacer público, se vulnerarían los derechos de los involucrados, por lo que el Poder Judicial del Estado tiene clasificada la información como confidencial.
Al respecto, el presidente del Colegio de Abogados de Guanajuato, Jorge Marcelino Trejo, explicó que comúnmente los inmuebles apoderados son vendidos por el estado y el dinero generado se utiliza para financiar distintos proyectos prioritarios o en su caso para el uso de las dependencias.
Este es un proceso que está en la ley en el nuevo código penal que refleja que cuando es un producto justo de actividades ilícitas, se inicia el proceso en donde entran los bienes al estado y obviamente a la corporación y luego el producto de la venta de esto, entra a Finanzas o al Gobierno Federal a Hacienda y de ahí ya se envían los recursos a los programas que se requieran (…) Aquí igual se ha decomisados casas y autos y seguramente han entrado al patrimonio del gobierno o lo vuelven a ocupar como es el caso de los carros”, dijo Trejo.
La Ley de Extinción de Dominio del Estado de Guanajuato, establece que este procedimiento solo se puede ejercer en contra de los bienes que han sido instrumento, objeto o producto de delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas o enriquecimiento ilícito.
Que las propiedades se hayan usado o destinado para ocultar bienes del producto del delito, sean utilizados para la comisión de actos ilícitos por un tercero, el dueño estuviera enterado y no avisará a la autoridad o intentará impedirlo.
También procede en contra de aquellos intitulados a nombre de terceros y existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales y el acusado por estos delitos se ostente o comporte como dueño.
En Guanajuato la extinción de dominio se puede obtener aun cuando no se tenga una sentencia que determine la responsabilidad penal del imputado, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.
Fuente: MILENIO
