Villagrán, Gto. Para Raquel Aguilar no hay duda. Si es necesario exhumar los restos de su hijo Leonardo, está dispuesta a hacerlo para que su nombre no quede como el de un delincuente. Las quemaduras en su torso, el impacto de bala en la espalda, el golpe contuso en la cabeza, la han convencido de que fue ejecutado de forma extrajudicial.
Leonardo Aguilar de 24 años fue reportado como fallecido por agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) el pasado 10 de julio, luego de un presunto enfrentamiento que sobrevino cuando supuestamente este conducía una camioneta con reporte de robo. Junto con él viajaba Jesús Rodríguez, quien resultó lesionado con varios golpes y un pulmón perforado.
El caso se hizo público siete días después en un programa radiofónico de alcance nacional, donde se exhibieron las fotografías que motivan las dudas sobre la muerte de Leonardo. Mismas gráficas que ahora fueron compartidas a Soy Barrio, donde se pueden apreciar las quemaduras y los diversos golpes.
Ante esto, la Comisionada de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana y vocera del gobierno de Guanajuato, Sophia Huett López, puso en duda esta denuncia, al señalar que no se conoce el origen de las fotografías que presentó la familia de Leonardo Aguilar.
La funcionaria insistió en defender a las FSPE, al asegurar que no se tienen elementos que permitan al menos, alguna duda. Aunque las fotografías, exhiben un cuerpo quemado en cara, brazos y pecho, Huett López señaló que se desconoce su origen, pues argumentó que no pudieron salir de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) “por la secrecía” que esta maneja.
En entrevista con Soy Barrio, Raquel Aguilar insiste en solicitar respuesta a sus cuestionamientos.
“Mi hijo tiene el balazo en la espalda. De qué forma iba a recibir un balazo en la espalda”, señaló ante la pregunta expresa sobre los señalamientos de la vocera estatal de seguridad.
Para la madre de Leonardo, todo indica que el enfrentamiento se trató de un montaje; su hijo no portaba armas, no tenía antecedentes delictivos y mucho menos de crimen organizado. Es por ello que una de las circunstancias más extrañas es la omisión de la pruebas de pólvora, que confirmarían o no si Leonardo disparó alguna arma.
“Solamente quiero saber eso. También quiero saber porque en el Semefo nunca le hicieron las pruebas de la pólvora, para ver si era cierto que el disparó o no (…) Pues la verdad no entiendo porque lo habrán montado, pero de que hicieron montaje, sí hicieron montaje. Hay testigos, testigos donde dicen que ellos nunca dispararon”.
Sophia Huett fijo una postura frente al caso y no se ha modificado. Manifestó que a pesar de la denuncia pública, los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, actuaron apegados a derecho.
Aunque señaló que deberán realizarse las investigaciones correspondientes, la comisionada dijo que por los tiempos en que se dieron los hechos, es poco probable que se haya efectuado tortura. Sin embargo, al ser cuestionada sobre la profundidad de las investigaciones, reconoció que solo se trata de una revisión interna del procedimiento.
Ante esto, Raquel Aguilar insistió: “Yo pido que se haga justicia con mi hijo por que no puede quedar como un delincuente. Quiero que se reabra el caso. Si es necesario exhumar su cadáver, que lo hagan. Yo quiero que se limpie todo lo de mi hijo. Eso es lo que pido.”
“Si se supone que son delincuentes, porque no los llevan a un proceso. Por qué no los ponen ante el Ministerio Público para que los juzguen. Al menos para yo saber que mi hijo era un delincuente como ellos dicen”.
En cuanto al papel de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, la desconfianza es plena. La madre de Leonardo indicó que fue hasta la denuncia realizada a través de los medios que los investigadores de la dependencia acudieron a su domicilio para ofrecerles la ratificación de la denuncia.
“A mí se me hizo algo así como, por que se quieren llevarlo hasta ahorita. Antes de eso no se habían acercado. Lo que él me dijo es que era porque ya de arriba lo estaban presionando. Él de hecho no quería ni darnos su nombre. Es hasta para dudar de una persona así, que no quiere dar su nombre. Traía la tarjeta, queríamos bien su nombre y todo pero nos dijo que iba a tapar el nombre”.
Cabe precisar que hasta el 18 de julio, la Pdheg dio a conocer la apertura del expediente de queja 142/19-C. Señalan que ya solicitaron un informe detallado a las dependencias involucradas en la presunta tortura a los dos jóvenes.
También mencionaron que esta misma semana, personal de la subprocuraduría de la ciudad de Celaya, realizaron una visita a los familiares de estas personas, a fin de brindarles apoyo y asesoría.
