El diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para modificar la pena en el delito de abuso sexual cometido por cualquier servidor público.

Al dar lectura a la exposición de motivos del documento, el legislador indicó que el abuso sexual comprendía cualquier forma de contacto sexual con fuerza o intimidación, cuando la persona se halle privada de razón o sentido; y que los actos en los que podía manifestar el abuso eran muy variados y podía implicar desde tocamientos obscenos hasta la penetración.

Afirmó que el servidor público que se atreve a abusar sexualmente de cualquier persona abusaba de su posición de poder, por lo que debía ser castigado con mayor dureza. Subrayó que las formas de abuso sexual sin contacto físico vulneraban la intimidad, la dignidad y la honra, y podía causar tanto daño como el abuso sexual con contacto físico.

“El abuso sexual laboral ubica a la víctima en una situación de vulnerabilidad e indefensión laboral, por lo que puede limitar su desarrollo profesional. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el abuso sexual causa que una de cada cuatro mujeres sea despedida y cuatro de cada diez renuncia a su trabajo”, indicó Prieto Gallardo.

Agregó que al existir servidores públicos que abusan sexualmente se violentaban varios derechos como el derecho a un ambiente laboral libre de violencia, el derecho a la seguridad e integridad física y oral, el derecho a la libertad, el derecho a la intimidad, entre otros.

El legislador apuntó que era necesario buscar la manera de contar con una impartición de justicia real, donde no se revictimizara a las víctimas en los procedimientos penales, así como en el ambiente laboral, y más aún si sucedía dentro de cualquier instancia gubernamental.

La propuesta contempla, además de las penas prevista, la destitución de su cargo y la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público mínimo por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta y como máximo de veinte años.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.