Las más de 60 organizaciones académicas y de la sociedad civil que integran la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, al anunciar la creación del Observatorio de Trabajo Digno, manifestaron su postura frente a la recién aprobada Reforma Laboral y demandaron que esta garantice el derecho al trabajo digno.
Alertaron de la urgencia de realizar cambios estructurales, ya que de lo contrario, la ley solo servirá como “fábrica de pobres”.
En el proyecto de reforma, afirma, subsisten los abusos de las empresas de “outsourcing” que en realidad actúan como patrón “sustituto”, y se basan en la violación del conjunto de derechos laborales; además de los “contratos de protección” con sindicatos fantasmas, o dirigidos por líderes corruptos o incluso creados y controlados por patrones, que además violan los derechos a la libre afiliación sindical, a la defensa colectiva, a la contratación colectiva y a la huelga.
Señalaron que entre los derechos esenciales, el prioritario, es la libertad de afiliación sindical y justicia expedita: “Urge transformar estructuras laborales que son fábricas de pobreza, pues los 17.5 millones de personas, equivalente a la mitad de quienes trabajan para un patrón y perciben un salario, carecen de contrato estable”.
De acuerdo con la OSC, la reforma laboral aprobada en la Cámara de Diputados es un paso indispensable para garantizar el derecho al trabajo digno, conforme al mandato del Artículo Primero de la Constitución, que hace vigentes para nuestro país las normas de los tratados internacionales de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Considera que la libertad de afiliación sindical y el acceso a la justicia laboral expedita y conforme a estándares internacionales del derecho al trabajo, incluidos en esta reforma laboral, son un avance por lo que es importante que el Senado apruebe la reforma
“Sin embargo, persisten estructuras laborales que han sido, son y pueden seguir siendo –si no las cambiamos, fábricas de pobreza”.
Sobre las fábricas de pobreza, explica:
“Son estructuras que crean modelos de negocio basados en bajas remuneraciones, en la indefensión de quienes trabajan y evadiendo la afiliación a la seguridad social. Estas prácticas supuestamente tienen sustento legal, pero en realidad son una evidente violación del derecho al trabajo digno, esto también debe transformarse pronto” señaló Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Las más de 60 organizaciones civiles agrupadas en el Frente a la Pobreza, señalaron que urge eliminar las lagunas legales y normas contradictorias que posibilitan formas laborales que violan derechos.
Informaron que, según datos oficiales, 17.5 millones de personas, o sea, el 51% del total de quienes trabajan para un tercero y perciben un salario, carecen de contrato.
información de: PROCESO
