La Comisión de Justicia del Congreso del Estado llevó a cabo el análisis de la iniciativa que buscaba sancionar a quienes exijan cuotas escolares, sin embargo, esta iniciativa recibió un dictamen en sentido negativo pues en la reunión se justificó que son los padres de familia quienes administran este recurso y no los directivos o docentes.
Las modificaciones contemplaban que al servidor público que, con tal carácter, exija por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquier otra cosa que sepa no ser debida o en mayor cantidad señalada por la ley, se le aplicará de uno a ocho años de prisión y de diez a ochenta días multa; en caso de que lo exigido indebidamente se convierta en provecho propio o de un particular, la pena será de tres a nueve años de prisión y de treinta a noventa días multa.
Esta iniciativa fue presentada por la diputada Ma. Carmen Vaca González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, no obstante, la diputada Cristina Márquez Alcalá refirió que la materia de la iniciativa ya se encuentra considerada en otras legislaciones, por lo que solicitó la elaboración del dictamen en sentido negativo.
En esta iniciativa se establececía que en los casos de que el funcionario público exija por sí o por interpósita persona, la entrega de cuotas en los planteles públicos de educación a cambio del ingreso, permanencia, aplicación de exámenes y la retención o expedición de documentos, la pena se aumentará hasta en dos terceras partes.
La diputada Carmen Vaca González expuso que se ha documentado en medios de comunicación la condicionante de la educación al pago de las cuotas escolares, por lo que es necesario realizar las modificaciones legales para sancionar dicha acción.
Al hacer uso de la voz, Elizabeth Durán de la Fiscalía General coincidió en la importancia de garantizar el acceso a la educación; sin embargo, consideró que es necesario ponderar la materia penal como una herramienta a utilizar cuando los mecanismos previos no han funcionado o se legitima una necesidad en el derecho penal, por lo que en el caso de la iniciativa en cuestión, señaló que ya se encuentra regulada en la legislación actual.
En su intervención, Federico Ruiz de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado consideró que es necesario establecer con mayor precisión cuál es la finalidad de la propuesta, así como a quienes va dirigido. Asimismo, indicó que no es viable sancionar a un servidor público, ya que quienes administran las cuotas escolares son los padres de familia.
Contexto:
Durante una sesión ordinaria celebrada en noviembre de 2019, la diputada Ma. Carmen Vaca González integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato, a fin de sancionar a quienes exijan cuotas escolares.
En la exposición de motivos, la diputada explicó que la iniciativa señaló que es evidente el cobro de cuotas por parte de las autoridades escolares a cambio del ingreso, la permanencia, aplicación de evaluaciones, retención y expedición de documentos a cualquier persona, por lo que resultó necesario realizar una adecuación al marco normativo en cuestión para sancionar a quien incurra en dicha actividad.
En este sentido, comentó que el cobro de cuotas escolares atenta contra los principios de accesibilidad y gratuidad de la educación.
“En mi consideración es evidente que los principios de accesibilidad como de gratuidad previstos en el artículo 3 de la Constitución Federal y del Estado de Guanajuato, así como de los instrumentos internacionales mencionados con antelación, con la existencia en los hechos de las cuotas voluntarias se ha trastocado, dado que los funcionarios de las escuelas limitan, condicionan y restringen a los padres de familia el derecho humano y fundamental a la educación gratuita que sus hijos tiene reconocidos en la Carta Magna y la de nuestra entidad federativa”, dijo.
