Con el objetivo de desincentivar a los adultos que utilizan a las personas menores de edad para cometer alguna conducta delictiva, se presentó una iniciativa para aumentar hasta en una tercera parte las penas contra quienes se sirvan de la participación de menores de edad en delitos de extorsión.
Según datos proporcionados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, al mes de septiembre del 2020, se habían denunciado seis mil 129 extorsiones en el país, es decir, 681 por mes, casi 23 diariamente, esto por supuesto sin considerar la cifra negra, víctimas que no quieren denunciar por temor a represalias o por la poca confianza en las autoridades encargadas de combatir este tipo de delitos.
Este ilícito, está relacionado entre otros aspectos con el llamado “derecho de piso” que cobran las organizaciones delictivas a comerciantes, empresarios, autoridades, entre muchos otros, para que les den dinero por no causarles algún daño a sus bienes, personas o familiares, y desgraciadamente se instrumentaliza a los menores de edad para que complementen la actividad delictiva, al ser ellos los que recolectan estos pagos en los domicilios de las víctimas.
Según la senadora Sasil de León, los adultos que comenten el delito de extorsión utilizan a los menores porque saben que son vulnerables dentro del entorno en que desenvuelven y también porque conocen que en caso de ser detenidos, los jóvenes serán beneficiados con las indulgencias que establece la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal.
La legisladora detalló que el ordenamiento antes mencionado está diseñado para velar por el interés superior de la niñez, por lo que se busca siempre favorecer su libre desarrollo y solucionar antes de privarlos de su libertad, lo cual es aprovechado por integrantes de la delincuencia que cada vez ocupa más a menores de edad para realizar ilícitos a sabiendas que las bondades de esa norma jurídica.
Ante esta situación, la legidladora llamó a la concientización de la sociedad sobre la gravedad que representa la comisión de delitos entre los adolescentes y la poca eficiencia en los programas de reinserción social llevados a cabo por las diferentes autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Propone modificar la Ley que, actualmente, establece de dos a ocho años de prisión y de 40 a 160 días multa a quién, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, para aumentar la pena en una tercera parte cuando se obligue a menores de edad a realizar el delito de extorsión.
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 390 del Código Penal Federal, fue turnada directamente a las Comisiones Unidas de Justica; y de Estudios Legislativos, Segunda.
