Si el gobierno federal no atiende la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19, tres millones de empresas se verán afectadas en el corto plazo y se pondrán en riesgo a 28 millones de trabajadores, lo cual agudizaría los problemas de desigualdad y pobreza en el país.

De acuerdo con el estudio “Vivir al día: medidas para combatir la epidemia de desigualdad en México”, realizado por Oxfam México, es necesario poner en marcha un programa de subsidios condicionados para que las empresas mantengan su plantilla de trabajadores en el IMSS, y para quienes viven al día y sin seguridad social, es necesario implementar una renta básica para cubrir necesidades básicas.

Ambas propuestas en conjunto costarían menos del 2 por ciento del PIB, reduciendo los efectos en las zonas más afectadas.

Para Oxfam México, los altos niveles de pobreza y la persistencia de la desigualdad han convertido a la emergencia del COVID-19 en tres crisis simultáneas: una sanitaria, otra económica y otra social.

El análisis señala que los impactos económicos de la crisis ya están sucediendo y advierte de los riesgos de no hacer nada: “Oxfam México calcula que alrededor de tres millones de empresas se verían potencialmente afectadas en el corto plazo por una caída en la actividad económica, producto de las medidas para combatir la emergencia sanitaria.

Dichas empresas, entre las que no se cuentan los sectores esenciales mencionados en el decreto del 31 de marzo, generan una derrama de 1.2 billones de pesos al año, de acuerdo con los censos económicos de 2019”, se advierte.

De acuerdo con el análisis, 28 millones de trabajadores que laboran en los sectores clasificados como actividades no esenciales podrían ser afectados, lo que equivale a aproximadamente el 47 por ciento de la población económicamente activa.

Se estima que el 85 por ciento de estas personas se encuentra en zonas urbanas, que es donde se estima que la pandemia causará una mayor afectación.

Se advierte que muchas de estas personas sufren carencias sociales que podrían hacerlas más vulnerables ante la pandemia y la crisis económica: 10 millones se encuentran en pobreza por ingresos; 16 millones no tienen seguridad social, y 5.4 millones padecen inseguridad alimentaria moderada o severa, lo cual pone en riesgo que estos trabajadores y sus familias pasen hambre.

Fuente: EL FINANCIERO